La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH demanda a la administración de Daniel Ortega brindar atención médica especializa a las mujeres presas políticas y tomar las medidas pertinentes para garantizar su salud e integridad física.
En un comunicado, el organismo manifestó su preocupación por el «grave deterioro» en la salud de las mujeres privadas de libertad en Nicaragua y alegó que «el Estado debe proveer asistencia médica especializada y urgente» a las prisioneras.
La CIDH informó que a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), han sido notificados sobre «la grave situación de salud de las mujeres privadas de libertad en el contexto de la crisis, debido a la falta de acceso a servicios de salud especializados y oportunos, deplorables condiciones de detención y represalias en su contra por ser identificadas como opositoras al gobierno actual».
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De acuerdo con el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al 30 de abril de 2022, se contabiliza 14 mujeres nicaragüenses rehenes de la dictadura de Ortega.
Las mujeres que guardan prisión son: María Oviedo, Karla Vanesa Escobar, María Esperanza Sánchez, Suyen Barahona, María Fernanda Flores, Ana Margarita Vijil, Cristiana Chamorro, Samantha Jirón, Evelyn Pinto, Violeta Granera, Tamara Dávila, Dora María Téllez, Julia Hernández y Nidia Barbosa.
La CIDH insistió que «preocupa» el grave deterioro de la salud de las presas políticas Nidia Barbosa, Evenlyn Pinto y María Esperanza Sánchez.
La defensora Evelyn Pinto, de 63 años, desde su detención el seis de noviembre de 2021, no ha recibido atención médica especializada para tratar las diferentes enfermedades crónicas que padece. La rea política debe constantemente recibir una valoración médica porque es sobreviviente de cáncer, padece hipertensión e insuficiencia renal crónica.
En el caso de la activista María Esperanza Sánchez, beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, permaneció más de cinco días internada en estado grave y sin recibir atención médica especializada, ni medicamentos adecuados en el centro médico del penal de mujeres conocido como «La Esperanza».
Por su parte, la opositora Nidia Barbosa, de 66 años, estuvo internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Amistad Japón en Granada y sus familiares, ante el grave estado de salud de Barbosa, solicitaron ver a la rehén de la dictadura, sin embargo las autoridades correspondientes se negaron a esta petición y alegaron que tampoco podían brindar información de la condición de la presa política.
El organismo reitera su preocupación por la grave situación de «las mujeres detenidas en las nuevas instalaciones del centro de detención de la Dirección de Auxilio Judicial, “El Chipote”, entre ellas, mujeres mayores, quienes están sometidas a regímenes de aislamiento e incomunicación más graves por su condición de mujeres defensoras de derechos humanos y activistas».
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«Asimismo, habrían sufrido un grave deterioro en su salud por la falta de alimentación suficiente, acceso al agua potable y a servicios de atención médica especializada en atención a su género y edad», continúo.
Además, la CIDH recalcó que la administración de Daniel Ortega «debe proveer atención médica adecuada a las personas privadas de libertad, obligación que deriva del derecho a la integridad personal establecido en los artículos 1.1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
El organismo le recuerda a Ortega «que la obligación del Estado es respetar la integridad física, no emplear tratos crueles, inhumanos y de respetar la dignidad inherente al ser humano, se extiende a garantizar el acceso a la atención médica adecuada de las personas privadas de libertad».