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«¿Por qué no me dejan verte?», el reclamo de la hija de Tamara Dávila

Han pasado 347 días desde la detención arbitraria de la dirigente opositora Tamara Dávila. Desde ese día, el régimen de Nicaragua le ha negado el derecho de ver a su hija, una pequeña de seis años que diario pregunta por ella, según ha denunciado su abuela Josefina Vijil desde su cuenta de Twitter. «El grito de … Continuar leyendo
Por Wilmer Benavides mayo 25, 2022
Tamara Dávila: «Mi único delito ha sido denunciar las injusticias»

Han pasado 347 días desde la detención arbitraria de la dirigente opositora Tamara Dávila. Desde ese día, el régimen de Nicaragua le ha negado el derecho de ver a su hija, una pequeña de seis años que diario pregunta por ella, según ha denunciado su abuela Josefina Vijil desde su cuenta de Twitter. 

«El grito de mi nieta de 6 años debe ser escuchado: “Mamá te quiero mucho. Estás dentro de mi corazón. Sos una persona muy importante para mí. ¿Por qué no me dejan verte? ¡Es mucho tiempo! Me haces mucha, mucha falta”», escribió Vijil en su perfil de la red social. «EXIJO LE RESPONDAN», agregó.

https://twitter.com/vijiljosefina/status/1529288531444744196?s=21&t=uaP66kqfq_sCs06TOwduLA

Tamara Dávila es parte de los más de 40 liderazgos opositores que fueron detenidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo previo a las votaciones presidenciales de noviembre del año pasado.

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Desde finales de mayo, hace casi un año, la dictadura emprendió una voraz arremetida contra sus críticos que acabó en juicios políticos donde los declaró culpables y los condenó a varios años de cárcel.

Dávila, miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), ha pedido en reiteradas ocasiones que le permitan al menos una llamada telefónica a su hija, pero su petición nunca se toma en cuenta.

También, los familiares de la rea de conciencia han solicitado de diferentes maneras la más mínima comunicación entre Tamara y la menor, sin embargo el régimen de Ortega se ha negado a esta demanda.

La opositora fue detenida el 12 de junio de 2021. La dictadura de Nicaragua decidió encarcelar a Dávila por supuestamente violar la Ley 1055 o Ley de Soberanía. La acusó y condenó a ocho años de prisión por el supuesto delito de «conspiración para el menoscabo de la integridad nacional» y «traición a la patria».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demanda a la administración de Daniel Ortega «garantizar la comunicación» entre los presos políticos y sus familiares. 

Señalan que los hijos de los rehenes de la dictadura necesitan del contacto de sus padres para satisfacer «sus necesidades emocionales, de bienestar, seguridad, y para el desarrollo de su identidad».

Los encuentros de los reos de conciencia con sus parejas, madres, hermanos o hijos «deben ser en condiciones dignas, seguras y conforme a los estándares internacionales y la legislación nacional», destacó el organismo en un comunicado este pasado 13 de mayo.

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