Monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, denunció que dos sacerdotes fueron insultados y agredidos verbalmente por los oficiales de policías que mantienen sitiada la parroquia Santo Cristo de Las Colinas.
En ese templo religioso el prelado está en ayuno y oración «indefinido» desde el pasado viernes, 20 de mayo, ante el recrudecimiento de la persecución del régimen Ortega-Murillo contra él y su familia.
El obispo explicó que celebraba la misa en solitario porque a los padres Yedris Calero y Pablo Villafranca les fue impedido el paso al templo religioso por la Policía de la dictadura de Nicaragua. Ambos sacerdotes concelebrarían la misa con el purpurado en Managua.
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«Está vacío (el templo religioso) porque la Policía no permite la entrada, mantiene acordonado el templo, pero también han visto que ningún sacerdote me acompaña porque dos hermanos que venían a concelebrar conmigo fueron rechazados impidiéndoseles el paso con malacrianza, incluso con groserías», denunció monseñor Álvarez durante su homilía dominical.
Al padre Pablo Antonio Villafranca, párroco de Nuestro Señor de Veracruz, los oficiales de Policía le dijeron una ofensa contra él y su mamá «con esa palabra tan fea; gritándole al otro lado del interlocutor (radio) “a ese hijo de p… no lo dejen pasar”».
«Lamentablemente insistimos que con esa actitudes no se abona para nada a la armonía, la fraternidad, el diálogo y más bien se tensionan las cosas y la situación social que vivimos los nicaragüenses», insistió el jerarca católico.
El padre Harving Padilla y el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, viven un asedio permanente por parte de la Policía. Las parroquias San Juan Bautista de Masaya y Santo Cristo de Esquipulas en Managua están sitiadas por un fuerte dispositivo de oficiales de la Policía y no han permitido el ingreso de los fieles a misa.
En su arremetida contra la Iglesia católica, el régimen orientó sacar de las cableras del país al Canal 51, Canal Católico, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cual es administrado por monseñor Álvarez.