Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), los embajadores de Estados Unidos, Canadá y Chile condenaron con contundencia al régimen de Daniel Ortega ante la «deplorable violación» a los acuerdos internacionales.
«Las ocupaciones forzadas a un edificio diplomático muestra la violación a las normas pacíficas de las américas. Ortega envió a la Policía con metralletas para ocupar una oficina pequeña que representaba a esta Organización en Managua; viola los principios de inviolabilidad de las instalaciones de organizaciones internacionales. Condenamos la acción de la manera más categórica posible en el contexto de los regímenes», refirió el representante de Estados Unidos.
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Por su parte, Canadá expresó que «la toma de estos edificios diplomáticos de la OEA es una violación flagrante de parte del régimen de Nicaragua, esta resolución es una voz que hay que escuchar pues el comportamiento del régimen es cada vez más horrible desde las elecciones generales de noviembre (2021) cuando puso en la cárcel a los líderes de la oposición. El régimen ha dejado en claro su odio para con los cimientos que conforman esta organización».
Esta tarde los países miembros de la OEA probaron con 29 votos favorables, cero en contra, tres ausentes y tres abstenciones la resolución «La toma de oficinas de la OEA en Nicaragua» pues Ortega violó el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de los Estados Americanos, adoptado el 15 de mayo de 1949 al cual Nicaragua se adhirió el 31 de octubre de 1960.
El artículo 133 de la Carta de la OEA, que establece que la Organización «gozará en el territorio de cada Miembro de la capacidad legal, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos».
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La resolución califica como «deplorar la violación de la inviolabilidad de los archivos de la Organización», e insistió en que «se respete plenamente la inmunidad de sus bienes durante su permanencia en Nicaragua. Exigir que se restituya inmediatamente a la Organización el uso de los locales incautados por el Gobierno de Nicaragua».
Ante la situación, Chile denunció que «los más afectados por lo que ocurre hoy en el país son las y los nicaragüenses, ese pueblo que exige de manera cotidiana el respeto a sus libertades básicas de cualquier sociedad democrática, ejemplo de ello son el exilio, la cárcel política en condición durísima y las centenares de organizaciones de la sociedad civil que han sido clausuradas».
