Los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobaron la resolución «La toma de oficinas de la OEA en Nicaragua» que condena la «deplorable violación» del Estado de Nicaragua a los acuerdos internacionales que suscribió el país con el organismo continental en materia de derecho internacional. La resolución fue aprobada con 29 votos favorables, cero en contra, tres ausentes y tres abstenciones.
Al ocupar y expropiar ilegalmente la sede del organismo en Managua, Daniel Ortega violó el Acuerdo sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización de los Estados Americanos, adoptado el 15 de mayo de 1949 al cual Nicaragua se adhirió el 31 de octubre de 1960,
El artículo 133 de la Carta de la OEA que establece que la Organización «gozará en el territorio de cada Miembro de la capacidad legal, privilegios e inmunidades que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y la realización de sus propósitos».
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Además, el Acuerdo del 2 de octubre de 1989 entre Nicaragua y la OEA por el cual el el país otorgó plenos privilegios e inmunidades a los locales diplomáticos de la Organización en Nicaragua, incluyendo su inviolabilidad.
«… (es) obligación de todos los Estados de hacer respetar los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas, de conformidad con el derecho internacional, como requisito fundamental y crucial para las relaciones pacíficas entre los Estados», señala la resolución.
La resolución señala «deplorar la violación de la inviolabilidad de los archivos de la Organización, e insistir en que se respete plenamente la inmunidad de sus bienes durante su permanencia en Nicaragua. Exigir que se restituya inmediatamente a la Organización el uso de los locales incautados por el Gobierno de Nicaragua».
«El Gobierno de Nicaragua es responsable por todos los incumplimientos de sus obligaciones legales internacionales en la materia. Seguir ocupándose de este asunto y considerar acciones adicionales según sea necesario», señala.
La expropiación de la sede de la OEA se produjo el domingo 24 de abril de 2022 y ahí el régimen pretende instalar un «Museo de la Infamia». La resolución fue presentada por las delegaciones de Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Granada, Estados Unidos y Uruguay.
