La Fundación Americana Nicaragüense (ANF, por sus siglas en inglés), dirigida por la familia Pellas, anunció el cierre de sus operaciones en el país debido a la disminución de las donaciones internacionales. La oenegé, fundada en 1992, se centraba en programas de educación, salud, nutrición, vivienda, agricultura, agua y saneamiento, y ayuda humanitaria.
El cierre de la fundación se da luego que el régimen de Daniel Ortega arremetiera contra los organismos sin fines de lucro a través de leyes que los obligan a registrarse como «agentes extranjeros» por recibir donaciones del exterior, y los amenaza con multas, sanciones y «confiscación» de bienes.
La Compañía de Jesús en Centroamericana lamentó la ilegalización de dos de sus organizaciones en Nicaragua: la Asociación Angelo Giuseppe Roncalli, anteriormente conocida como Instituto Juan XXIII, y el Instituto Histórico Centroamericano (IHCA), dedicadas a atender a las poblaciones más vulnerables a través del acompañamiento a lisiados de guerra, a migrantes, el desarrollo de liderazgos, la gestión en la construcción de viviendas dignas y acceso a la salud.
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Los diputados ante la Asamblea Nacional despojaron de sus personerías jurídicas a las oenegés alegando que ambas han incumplido con las leyes. Sin embargo, mediante un comunicado, los jesuitas sostuvieron que «la ética, el profesionalismo y la solvencia moral de ambas instituciones y del personal que en ellas colaboraba está más que comprobada por las personas beneficiarias de sus respectivas misiones».
El jefe de la diplomacia estadounidense para las Américas, Brian Nichols, reiteró que el respeto a la democracia es «condición» para estar en la Cumbre de las Américas.
De tal manera que estarían excluyendo a Nicaragua, Cuba y Venezuela, a pesar de que México, Bolivia, Honduras, Argentina y miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM) han abogado por la inclusión de las dictaduras.
Estados Unidos es el anfitrión de la novena cumbre que se llevará a cabo en junio en la ciudad de Los Ángeles y, aunque las invitaciones aún no se han enviado, el funcionario del gobierno de Joe Biden explicó que, desde la Tercera Cumbre en Québec, «los líderes de la región defendieron el estricto respeto a la democracia como condición esencial para la participación en todas las futuras cumbres (…) Desde entonces, cualquier inconstitucionalidad o interrupción del orden democrático ha representado un obstáculo para participar».
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Cinco directivos del mercado de artesanías de Masaya fueron arrestados el cinco de mayo por supuesta malversación de fondos, revelaron fuentes del centro de compras a Artículo 66.
Los sospechosos responden a los nombres de Rosa Elena Pavón, Osmar Pavón, encargado de las finanzas del mercado; Pedro René Gutiérrez, quien se encuentra bajo presunto arresto domiciliario por su grave estado de salud, y dos personas identificadas como Consuelo y Freddy.
Según la información, los directivos habrían malversado los fondos destinados al proyecto de rehabilitación del Centro Cultural que fue saqueado y quemado en el contexto de la represión gubernamental de 2018. Los detenidos son señalados de ser simpatizantes del partido de Gobierno Frente Sandinista.
El mandatario ilegítimo Daniel Ortega continúa removiendo a sus diplomáticos en tiempo récord por motivos desconocidos. Mediante un acuerdo presidencial, Ortega canceló el nombramiento de su cuarto embajador en Cuba Wilfredo Jerónimo Jarquín Lang, quien duró en el puesto menos de cinco meses.
La Presidencia también nombró a una nueva embajadora en Venezuela, se trata de María Isabel Martínez Chavarría, una extrabajadora de instituciones del Estado. El régimen aún no informa sobre la nueva función diplomática de Orlando José Gómez, quien es actual embajador ante el régimen de Nicolás Maduro.
Este día también se publicó la destitución del coronel de Infantería José Joaquín Valle Gutiérrez en el cargo de agregado militar en la Embajada de Nicaragua en Honduras, quien fue reemplazado por el teniente coronel de Infantería Leonardo Joaquín Hernández Cisne.
