La Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) demanda a la Organización de Estados Americanos (OEA) que actué con «firmeza» ante el régimen de Daniel Ortega haciendo cumplir «el principio de inviolabilidad, privilegios e inmunidades de sus oficinas nacionales».
En una carta enviada este 11 de mayo a la OEA, el grupo opositor remarca la «importancia que tiene para la OEA brindar una respuesta contundente y ejemplarizante ante esta violación y que fue solicitada por los dieciséis representantes y el observador permanente en la última sesión ordinaria el 27 de abril. Esto pasa por la convocatoria de una reunión a consultas de ministros de relaciones exteriores, bajo el artículo 61 de la Carta de la OEA», afirma la Unab.
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Continúan añadiendo que «en sus repudiables acciones» la dictadura de Ortega «violentó obligaciones de Estado contempladas en la Carta de la OEA, el Acuerdo de inmunidades y privilegios de 1949, el acuerdo bilateral entre la OEA y Nicaragua para la operación de una oficina nacional y el reconocimiento de sus inmunidades y privilegios, así como principios del Derecho internacional aplicables en este contexto».
Enrique Martínez, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), enfatizó que el organismo internacional «necesita dar una respuesta categórica ante estos incidentes que también ha sido solicitada por 27 países del Consejo Permanente en la última sesión realizada el 27 de abril. Con esta acción reiteramos el compromiso de seguir actuando para mantener en agenda de organismos nacionales e internacionales las constantes violaciones a los derechos humanos perpetuadas por el régimen Ortega-Murillo en Nicaragua», dijo Martínez.
Recientemente una veintena de organizaciones de oposición solicitaron por medio de una misiva a la OEA a que convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General para que los estados miembros declaren ilegítimo al Gobierno de Nicaragua. Para Martínez, «declarar al régimen ilegítimo de Daniel Ortega y Rosario Murillo es de vital importancia para sentar un precedente en la comunidad Latinoamericana en concordancia con el actuar violento y represivo de Ortega-Murillo ya que representa una amenaza regional en materia de democracia y derechos humanos».
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Estos eventos, según las entidades, son «un fiel reflejo del actuar y carácter represivo de la dictadura con la ciudadanía nicaragüenses», la que al interior del país «continúa reprimiendo a la población».
La Unab exhorta a la OEA a que actúe con «firmeza para sentar un precedente, porque de no hacerlo, quedará en entredicho la inviolabilidad de todas las sedes de organismos intragubernamentales y misiones diplomáticas acreditadas en Nicaragua y en el mundo», denuncian.