La dictadura de Daniel Ortega, a través de la Asamblea Nacional, prepara la cancelación de otras 25 organizaciones no gubernamentales, entre las que destacan la Asociación Civil Instituto Histórico Centroamericano y la Asociación Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense o Resistencia Nicaragüense.
El diputado sandinista Filiberto Rodríguez presentó la iniciativa de cancelación ante la Asamblea Nacional, alegando que estas organizaciones no reportaron sus informes financieros conforme los períodos fiscales y desgloses detallados según lo establece la ley.
La iniciativa, con fecha del 29 de abril, señala que los 25 organismos, al igual que las más de 150 ONG canceladas, «han obstaculizado el control y vigilancia del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro que a tal efecto lleva el Ministerio de Gobernación, debido a que al no cumplir con las leyes que les rigen y regulan han actuado contra ley expresa, por lo que el Ministerio de Gobernación ha solicitado (…) a esta Asamblea Nacional la cancelación de la personalidad jurídica de estas entidades».
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«Por lo antes relacionado (…) se solicita la cancelación de la personalidad jurídica de las diferentes entidades relacionadas en esta Iniciativa de Decreto Legislativo, por lo que se solicita al Plenario la aprobación de la cancelación de las respectivas
personalidades jurídicas», detalla el documento enviado por el diputado Rodríguez, que preside la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos.
El Instituto Histórico Centroamericano (IHCA), una de las 25 organizaciones a ilegalizarse por la aplanadora orteguista, es una entidad creada por los jesuitas hace más de 30, con el fin de «contribuir a la transformación de la sociedad nicaragüense y centroamericana», a través de los programas del Proyecto Global del IHCA. Actualmente, la sede del organismo de historia permanece dentro de la Universidad Centroamericana (UCA).
Entre otras organizaciones próximas a cancelar y que representan un duro golpe para la población está el Movimiento de Mujeres de Chinandega, asociación que desde 1996 ha defendido los derechos de la mujeres y brindado apoyo a las víctimas de violencia a nivel departamental y nacional.
Además, el régimen cancelará la personalidad de Asociación de Cirujanos Dentistas de León (ACDL), Asociación Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (Foro de Educación y Desarrollo Humano FEDH-IPN), Asociación por la Democracia Enrique Bermúdez Varela (APDEBV), Asociación de Comisiones por la Paz de los Derechos Humanos (ACPDH) y Asociación Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) Resistencia Nicaragüense (RN) y la Asociación Nicaragüense de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso.
Asimismo, la Fundación para el Desarrollo Comunitario Inclusivo, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible, Fundación EO Nicaragua, Fundación para el desarrollo de la ciudad de León, Asociación para el desarrollo pecuario de Achuapa, Fundación Nakawe, Fundación Inserción de ex reclusos, Asociación Angelo Guiseppe Roncalli, Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario, Fundación Proyecto Solar para Mujeres Nicaragüenses y Asociación Civil de Clubes de Leones del Distrito D-5 de Nicaragua.
A la lista se suman, la Asociación de Promotores Sin Fronteras, Asociación Ciencia y Desarrollo de Nicaragua, Fundación Eco Familia, Fundación para el Desarrollo Integral de Quilalí, Asociación Centro de Asistencia a la Mujer , Asociación Centro de Desarrollo Integral Nicaragüense y Asociación Nicaragüense de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso.
La iniciativa señala que a efecto de la cancelación de las personalidades jurídicas, el Departamento de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación deberá proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas asociaciones en un plazo no mayor de 72 horas.
Una vez se cumpla este paso, agrega que «los bienes y acciones que pertenezcan a las asociaciones, tendrán previa liquidación, el destino previsto en el acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre al respecto, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la Ley de la materia».
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, se han ilegalizado alrededor de 150 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social calificada como un intento de golpe de Estado por Ortega.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, universidades, ambientalistas, indígenas, de periodistas, y centros de pensamiento, entre otras.
