Con la iniciativa de reforma a la Ley Electoral (Ley 331), propuesta este martes por el régimen de Daniel Ortega de cara a los comicios municipales en noviembre próximo, el Ejecutivo estaría buscando un mayor control sobre el proceso electoral y limitar la fiscalización ciudadana, denunció el Observatorio Multidisciplinario Urnas Abiertas.
Este martes los 75 diputados oficialistas de la Asamblea Nacional presentaron dicha iniciativa que pasa por reformar nueve artículos de la Ley 331 con el objetivo de «agilizar» y «mejorar» diversos aspectos del proceso electoral en las votaciones municipales, cuando faltan seis meses para que los nicaragüenses elijan a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios de Nicaragua.
La reforma presentada por los diputados orteguistas establece cambios en los tiempos de las campañas, repartición de escaños, y el número de electores por Junta Receptora de Votos (JRV).
“Ninguna de las nueve reformas propuestas, sugieren reformas de fondo que planteen mejorar la transparencia, o la integridad general del sistema electoral, como la despartidización de las instancias intermedias de administración electoral, tampoco son reformas que permitan la observación electoral independiente.”, denunció Urnas Abiertas a través de un comunicado.
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El observatorio multidisciplinario destacó que Nicaragua necesita garantizar un proceso electoral creíble, íntegro y legítimo, el cual pasa por recuperar las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de lo presos políticos, el cese a la represión, el levantamiento del estado policial y reformas electorales profundas que incluya la observación de la comunidad nacional e internacional.
“Reducción de tiempo no es prioridad“
En uno de los acápites del artículo 16 el régimen de Ortega propone reducir de 15 a cinco días el plazo que tendrán los partidos políticos para presentar sus ternas a los los Consejos Electorales Departamentales o Regionales. A criterio de Urnas Abiertas esta medida “evita la fiscalización ciudadana por la rapidez con la que pretenden reducir este paso”.
“Esta reducción de tiempo limita a los partidos políticos autonombrados opositores y beneficia al oficialismo, que controla al CSE, ya que impide cada vez más la posibilidad de que quienes integren los Consejos o las mesas electorales sean neutrales o independientes y, más bien aumenta el control partidario sobre todo el proceso electoral”, consideró el organismo.
La propuesta también busca que las campañas proselitistas no duren más de 30 días para las elecciones presidenciales, diputados y al Parlamento Centroamericano y 20 días para las elecciones de miembros de los Consejos Regionales, alcaldes, vicealcaldes y de los Consejos Municipales; y que haya silencio electoral el 2 de noviembre, así como 72 horas antes de las votaciones.
Al respecto, Urnas abiertas consideró que el Ejecutivo no plantea ninguna justificación sobre esta reducción a la campaña electoral y tampoco brinda información transparente al respecto. Agregó que esta medida también limita la posibilidad de la manifestación pública”.
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“La reducción de la campaña electoral, en un proceso bajo condiciones normales, podría restringir a la ciudadanía la oportunidad de conocer el plan de gobierno, los perfiles de los candidatos, los programas políticos, sociales y económicos propuestos por las futuras autoridades locales y la búsqueda del voto popular”, lamentó.
Urnas Abiertas recalcó la importancia de lograr un proceso electoral legítimo, íntegro y creíble que cuente con las condiciones democráticas adecuadas. “Una reforma unilateral no resolverá la grave crisis política, institucional y de Derechos Humanos por la que atraviesa Nicaragua2, finalizó.