El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó una reforma a la Ley Electoral a pocos meses de realizarse las elecciones municipales de noviembre de 2022. La propuesta, presentada por la bancada de los 75 diputados sandinistas, consiste en la reforma de 10 artículos: 16, 21, 22, 70, 74, 85, 105, 148 y 158 de la Ley No. 131.
Según el documento, la modificación de la Ley Electoral es para «agilizar» y «mejorar» diversos aspectos del proceso electoral en las votaciones municipales que se realizarán en menos de seis meses.
Para la consulta de las reformas, la junta directiva del parlamento, dominado por el oficialismo, ordenó la creación de una comisión especial que realizará la consulta, que «estará fundamentalmente dirigida al propio Consejo Supremo Electoral y los partidos políticos que han partido o que participaron en las elecciones o que tienen representación».
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La propuesta señala que el objetivo de la reforma al artículo 16 que se hace para «acortar el tiempo para que los partidos políticos presenten sus propuestas para la conformación de los Consejo Electorales Departamentales o Regionales».
La campaña electoral
La propuesta de reformar el artículo 74 persigue simplificar el periodo de duración de la campaña electoral y hacerlo acorde a la estrategia que sigue cada partido político que participa en los procesos electorales.
«La campaña tendrá una duración de 30 días para las elecciones presidenciales, diputados y al Parlamento Centroamericano (y) 20 días para las elecciones de miembros de los Consejos Regionales, alcaldes, vicealcaldes y de los Consejos Municipales», menciona la propuesta. Ademas, fijan un plazo de 30 días de propaganda para los plebiscitos y referendos.
La reforma al artículo 22 propone la ampliación de 400 a 600 la cantidad de ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto en las Juntas Receptoras habilitadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE).
CSE señalado de «fraude»
Desde las elecciones municipales de 2008, las primeras organizadas tras el retorno de Ortega al poder, las principales organizaciones internacionales que participaron como observadoras en el proceso electoral denunciaron que hubo irregularidades en el proceso electoral y todo quedó registrado en los informes presentados después de la observación.
El partido de Gobierno ocupa todos los cargos de magistrados en el CSE, y los propuestos por los partidos señalados de ser colaboracionistas y contaron con el apoyo de los diputados orteguista.
El CSE es señalado por fraguar una serie de fraudes electorales desde 2008, contar los votos a favor de Ortega y Murillo y eliminar a los partidos políticos considerados de oposición. Además, de cambiar los resultados de las votaciones para favorecer a la pareja dictatorial que maneja con mano de hierro el país.
Al final de presente periodo presidencial, Daniel Ortega cumplirá 20 años continuos en la primera jefatura de Estados, más tiempo en la Presidencia que cualquier otra persona que haya ostentado ese cargo en la historia del país.
Para llegar a esa cifra, Ortega ha acabo con la institucionalidad del país, mantiene el control de todos los poderes del Estado e ilegalizó a todos los partidos políticos de oposición que han querido disputarle la Presidencia de Nicaragua. Antes de las votaciones de 2021, Ortega y Murillo ordenaron el encarcelamiento de más de 40 dirigentes políticos, entre ellos siete aspirantes presidenciales.