El presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, reconsideró el nombramiento de un embajador en Nicaragua, después que el régimen de Daniel Ortega violara las normas diplomáticas al confiscar la sede de la Organización de Estados Americano (OEA), ubicada en Managua. En conferencia de prensa, Chaves se retractó señalando que su futuro Gobierno solo estaba «considerando la posibilidad» del nombramiento.
La dictadura de Nicaragua prefirió hacer entrega del mobiliario, equipos, archivos y otras pertenencias de la OEA a los funcionarios administrativos del organismo, tras la expropiación del edificio donde funcionaba el organismo en Managua.
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A pesar de la subida de tono de las autoridades nacionales en contra de la OEA, la Procuraduría General informó que «estas pertenencias no han sido ni usadas ni violentadas por nadie». La aclaración de la entidad ocurre luego que los Estados miembros del organismo continental condenaran el acto por violentar las normas diplomáticas básicas.
Una veintena de organizaciones de la oposición nicaragüense pidieron a la OEA que convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General para declarar ilegítimo al Gobierno de Nicaragua y pedir la liberación de las personas presas políticas en el país, en respuesta a la acometida del régimen de Ortega en contra del organismo en Managua.
Mediante una carta enviada a la OEA, los opositores advirtieron que, de no reaccionar con firmeza, se estaría estableciendo «una amenaza a las democracias de la región sin precedentes».
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más señaló que el «nivel de brutalidad y represión» estatal persiste en el país. El sexto informe del Observatorio de Tortura, presentado este viernes por la organización humanitaria, detalla que, desde diciembre de 2021 a marzo del presente año, documentaron diez casos de personas presas políticas que no reciben una adecuada atención médica y se encuentran en condiciones insalubres e inhumanas.
Asimismo, algunos reos han sido golpeados y amenazados en los penales, y a otro grupo se les limita las visitas familiares. El Colectivo de Derechos Humanos denunció, además, otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes.
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Los empresarios y presos políticos Michael Healy y Álvaro Vargas fueron declarados culpables por el juez sandinista Ángel Jeancarlos Fernández González. La Fiscalía solicitó nueva años de prisión contra Vargas por cometer supuesto menoscabo a la integridad nacional, y 13 años para Healy por presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
El defensor de derechos humanos Marcos Carmona se exilió en Costa Rica, luego que el régimen cancelara la personalidad jurídica de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la cual dirigía. El abogado salió del país en horas de la noche del jueves, 28 de abril, rumbo a San José, según el medio 100% Noticias.