La Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüense (UPPN) denunció las «torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes» que se encuentran sufriendo los presos políticos del Sistema Penitenciario Regional de Waswalí, Matagalpa; quienes el 25 de abril iniciaron una huelga de hambre «indefinida» para exponer los atropellos que sufren al interior de la cárcel.
El abogado y preso político Manuel Urbina Lara se sumó a la huelga de hambre junto con otros prisioneros del Sistema Penitenciario. Mediante un audio, Lara informó que la decisión e es «por el trato cruel e inhumano de parte de las autoridades superiores».
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«Denunciamos los tratos crueles en el sistema penitenciario de Waswalí donde varios hermanos presos políticos, como Moisés Leiva Chavarría y José Alcides Zeledón sufren total aislamiento y constantes torturas como método de coacción y deshumanización; mientras otros prisioneros políticos realizan una huelga de hambre exigiendo el cese de esas torturas; que son la principal arma de la dictadura utilizada en los distintos centros de detención», refiere la UPPN por medio de un comunicado.
La UPPN afirma que actualmente se registran más de «200 denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas prisioneras políticas y sus familiares». En Nicaragua, hay más de 180 personas presas políticas de las cuales 14 son mujeres, 44 son personas recapturadas o detenidas por segunda vez.
Urbina Lara sostuvo que en el Sistema Penitenciario «el fluido de agua potable es limitado, hay días que nos dan medio galón, nos reducen en alimentación, nos han negado recreación, sol, nos han negado todo (…) mientras más se recrudezca, vamos a seguir denunciando todos los vejámenes que este régimen está cometiendo contra todos los reos políticos».
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A su vez, la organización lamenta que el régimen haya decidido cancelar la personería jurídica a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) con 74 votos a favor, cero en contra, 15 abstenciones y un presente. Este organismo defensor era el único que quedaba en esa área laborando legalmente.
Antes de esta acción por parte de la dictadura, la junta directiva de CPDH denunció el 28 de febrero, que en ese momento el Ministerio de Gobernación (Migob) se negó a recibirles el informe financiero anual que como institución está obligada a cumplir.
