Mario Chamorro, fundador de la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), alegó que los más afectados con la cancelación de la personalidad jurídica de la organización «son la niñez y la adolescencia que quedan en una situación de desprotección» en el país.
En entrevista para el programa Esta Noche, el exdirectivo de la CODENI catalogó la ilegalización del organismo como una «pasada de cuentas» por el régimen de Daniel Ortega.
«Aquí los grandes perdedores, en esta cancelación de la CODENI y las organizaciones, son los niños, niñas y adolescentes, que quedan en una situación de desprotección en el marco de una crisis económica, social y política fuerte, en la que el Gobierno no está haciendo nada para atenderlos», indicó.
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El 20 de abril, la Asamblea Nacional, con 74 votos a favor, cero en contra, 15 abstenciones y un presente ilegalizó a 25 organizaciones sin fines de lucros, incluyendo a CODENI.
La organización fue fundada en 1992 y se desempeñaba en la promoción, protección y defensa de la niñez y la adolescencia en Nicaragua. Al 2018, la CODENI contaba con una afiliación de 39 organismos, con 1450 colaboradores, más de 16 mil voluntarios y alrededor de 350 mil personas eran beneficiadas con los programas, detalló Chamorro.
«La CODENI es un referente nacional, pero también internacional en el trabajo para la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez», resaltó su fundador.
Mario Chamorro resaltó que uno de los aportes más «significativos» de la organización fue su «incidencia en el marco legislativo» de Nicaragua a favor de la defensa de los derechos de la niñez y las mujeres.
La CODENI contribuyó en el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código de Familia, o el Laboral en relación al trabajo infantil; también en la Ley General de Educación y de Salud.
Además, brindó su aporte a la creación del «observatorio de la niñez y la adolescencia, que fue reconocido a nivel internacional como un observatorio ejemplo, porque daba seguimiento a la formulación de políticas públicas, al seguimiento del marco legal, pero sobre todo daba seguimiento a la inversión pública, en referencia a presupuestos nacionales y municipales», dijo Chamorro.
ONG, afectadas con la llegada de Ortega al poder
Desde el 2007, con el retorno al poder del dictador Daniel Ortega, las relaciones entre las organizaciones y el gobierno eran «tensas», debido a las exigencias administrativas en el marco de la Ley 147 de control de asociaciones.
«Pero, también alrededor de la exclusión de las organizaciones de la sociedad civil en los consejos nacionales, municipales, y después vino la tensión en el trabajo comunitario alrededor de amenazas, chantajes, de persecución, del trabajo de las comunidades», sostuvo Mario Chamorro.
De acuerdo con el exdirectivo de CODENI, la relación se fue deteriorando aún más en 2018, con las protestas antigubernamentales que fueron reprimidas por Ortega, donde la organización denunció el asesinato de más de 29 niños, niñas y adolescentes durante las manifestaciones pacíficas.
El activista señaló que la denuncia de la violencia y las muertes de niños y adolescentes en el marco de la represión, «fueron situaciones que tensaron (las relaciones con el gobierno de Ortega), pero que nos vimos obligados por ética a denunciar estos hechos».