Durante el foro titulado «Voces de exilio-Voces de esperanza», defensores de derechos humanos denunciaron y rechazaron la situación a la que Ortega ha sometido a los presos políticos en Nicaragua, a quienes «mantiene bajo condiciones atroces, que pueden ser consideradas como condiciones de tortura».
«Las personas detenidas no pueden recibir visitas, son maltratadas, no reciben asistencia médica, que son interrogados constantemente, que son sometidos a toda clase de torturas psicológicas y seguramente físicas, están en el centro de la preocupación de los nicaragüenses», manifestó el director de la Red Internacional de Derechos humanos (Ridh), Ramón Muñoz Castro.
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Durante su intervención, el experto en derechos humanos Paulo Abrao manifestó que «la gente que sigue luchando por la libertad está del lado correcto de la historia y está buscando sus caminos para establecer y construir una transición democrática, esto representa una suerte de valores que son impresionantes, ninguna otra nación en la región vive de esta manera intensa la escalada represiva».
Los defensores continúan denunciando las condiciones de tortura en «El Chipote» para los presos políticos, remarcando que llegan al extremo de no poder conversar entre ellos, también es extensivo a los 10 minutos de patio sol a la semana que reciben y en las consultas médicas en la clínica de la cárcel.
Durante el foro también intervino la esposa del aspirante presidencial Félix Maradiaga, rechazando la «detención arbitraria» en contra de su esposo e instando a los nicaragüenses en el exilio a unirse para «seguir luchando por ellos y realizar los sueños de todos». Denuncia la situación en la que se encuentra su esposo quien no cuenta con «atención médica, no le dan suficiente comida y es sometido a condiciones terribles».
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Maradiaga fue sentenciado junto a otros opositores a cumplir 13 años en prisión por el supuesto delito de «conspiración para el menoscabo a la integridad nacional», condenado luego de siete audiencias que comenzaron el 15 de febrero. Durante el juicio, la Fiscalía presentó a 27 agentes de la Policía como testigos. También presentaron la supuesta evidencia material, incluyendo objetos que fueron obtenidos durante los allanamientos ilegales a las casas de los presos.
Hasta la fecha, la justicia orteguista mantiene cautivos a más de 180 personas por razones políticas, 35 de ellos están en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Sus familias han denunciado que muchos presentan complicaciones médicas. Su condición de salud se agrava por las condiciones de encierro y la mala alimentación de la que son víctimas.