La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos denunció que el régimen de Daniel Ortega ha intensificado su política de terror en el marco del cuarto aniversario de la insurrección cívica de abril de 2018 al ejecutar 156 agresiones contra opositores en tan solo 10 días.
El informe del organismo señala que «hemos registrado 156 agresiones contra defensoras de derechos humanos en Nicaragua. De estas, 147 corresponden a agresiones personales contra defensoras y las 9 restantes contra organizaciones que defienden derechos de las mujeres o están integradas por defensoras. Se han reportado agresiones en 60 % de los departamentos del país y en una de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe».
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«Las agresiones se han perpetrado contra defensoras que defienden diversos derechos: tierra y territorio, participación política y comunitaria de las mujeres, derecho a la información y libertad de expresión, derechos de los pueblos indígenas, derecho a la verdad, justicia y reparación, a una vida libre de violencia y el derecho a defender derechos. Cabe destacar que 45 % de estas agresiones sucedieron entre el 18 y 19 de abril», agregan-
Además, reportaron 55 actos de intimidación y hostigamiento y 45 restricciones a la libertad de movimiento. En este periodo también se registraron 4 allanamientos a viviendas de defensoras y una detención seguida de la desaparición forzada de una mujer activista dedicada al arte y la cultura. En cuanto a la detención a los artistas nicaragüenses denunciaron que «como parte de la represión hacia la música de protesta que se ha producido en el país a partir de 2018, así como 11 agresiones relacionadas con investigaciones ilegales, interrogatorios y seguimientos».
Destacan que en el 74% de las agresiones las defensoras identifican a «policías como responsables, en 13 % a autoridades estatales y en aproximadamente 7 % a grupos de civiles no identificados. Este incremento de las agresiones contra las defensoras y sus organizaciones es consistente con el comportamiento represivo mostrado por el Estado con relación a determinadas fechas conmemorativas de relevante significado socio-político», rechaza la organización de mujeres defensoras.
Destacan que «esta intensificación en los ataques se produce después de que la vicepresidenta, Rosario Murillo, hiciera públicos diversos mensajes de odio hacia el movimiento amplio de disidencia en el país». Afirman que esta situación de ataques contra opositores «atenta contra la vida e integridad de las defensoras nicaragüenses, sus familias, comunidades y espacios de organización».
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Reiteran su llamado a la comunidad internacional para que esté especialmente alerta y vigilante de la situación que «viven en el país quienes defienden los derechos humanos y trabajan por una sociedad más justa e igualitaria».
Finalizan asegurando que continuarán observando y denunciando la situación de Nicaragua «y no dejaremos de expresar nuestra admiración, nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las defensoras nicaragüenses en su incansable y fundamental trabajo, así como en sus dignas y legítimas demandas de justicia y libertad», refiere el documento.