Defensores nicaragüenses expusieron las «violaciones sistemáticas» perpetradas por el régimen de Daniel Ortega destacando la ilegalización ordenada este miércoles de 25 ONG, señalando el hecho como una «aniquilación de los derechos humanos».
Durante el foro titulado «Voces de exilio-Voces de esperanza», la activista Haydée Castillo remarcó que en Nicaragua «es fundamental la existencia de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, el periodismo independiente y la defensoría de derechos humanos desde la ciudadanía, se convierte en una necesidad para la vida».
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Este 20 de abril, con 74 votos a favor, cero en contra, 15 abstenciones y un presente, el régimen de Nicaragua, a través de su aplanadora de diputados sandinistas en la Asamblea Nacional, canceló la personalidad jurídica de 25 organizaciones sin fines de lucros. Entre las entidades anuladas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo figuran la la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH, la única en esa área que quedaba en el país laborando legalmente.
Los defensores también subrayaron que a cuatro años de la lucha cívica «continúa el asedio, la represión, la migración y la impunidad para las víctimas que al contrario solo sufren la persecución del régimen orteguista y sus paramilitares. Señoras y señores, esto no es vida, los nicaragüenses no esperan que la comunidad internacional les resuelva sus problemas pues siguen luchando contra el monstruo, pero cuando hay un secuestro al mejor estilo del crimen organizado no se pueden romper las cadenas en soledad por eso la comunidad internacional no debe esperar que siga corriendo la sangre sino asumir sus obligaciones en los derechos universales», continuó refiriendo Castillo.
En el encuentro virtual organizado por la Red Internacional de Derechos Humanos, la abogada Wendy Flores, representante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, denunció que en cuatro años de lucha cívica la dictadura ha «aprobado leyes represivas como la Ley de regulación de agentes extranjeros, la Ley de conspiración y la Ley de Ciberdelitos, todas dirigidas a restringir los derechos.
Además de encontrarse en las cárceles de Ortega siete precandidatos presidenciales apresados, activistas defensores de derechos humanos, periodistas, empresarios, diplomáticos y exguerrilleros que lucharon contra la dictadura de Somoza, se encuentran en la nueva Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Chipote” que es considerada como un centro de torturas».
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Hasta la fecha, la justicia orteguista mantiene cautivos a más de 180 personas presas por razones políticas, 35 de ellos están en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Sus familias han denunciado que muchos presentan complicaciones médicas.
Actualmente, con el cierre de la CPDH, no queda ninguna organización en defensa de derechos humanos legalizada en Nicaragua. Desde el 2018, esta ONG sufrió asedio y hostigamiento a sus directivos y abogados. La justicia de Ortega mantiene cautiva a la abogada María Oviedo por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».