El asilo de ancianos Sor María Romero informó del cierre de sus operaciones a la ciudadanía nicaragüense y sus colaboradores. Llamó a las personas que tienen familiares en este espacio llegar a retirarlos «a la brevedad posible».
El equipo de Artículo 66 se contactó con la administración del hogar de ancianos y confirmaron del cierre de sus oficinas, sin embargo dijeron no estar brindando entrevistas a medios de comunicación.
En un comunicado con fecha de seis de abril, divulgado en redes sociales, el asilo comunicó a las personas que tienen familiares en el lugar, presentarse a la «brevedad» para el debido retiro de los adultos mayores.
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«La administración del asilo Sor María Romero hacemos del conocimiento de ustedes que la Junta Directiva de dicha fundación acordamos y ratificamos la necesidad de comunicarse a nuestras oficinas para el debido retiro de sus familiares a la brevedad posible», notificaron.
Señalaron, que esta situación se debe «en virtud de la cancelación de personería jurídica de la Fundación para la Dignidad Humana, según decreto de la Asamblea Nacional No. 87 93 publicada en la Gaceta Diario Oficial. Estamos esperándolos».
El centro se vio obligado a cerrar sus oficinas, tras la cancelación de la personalidad jurídica de la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, principal donante del hogar de ancianos.
39 ancianos que alberga el asilo Sor María Romero ya no podrán ser atendidos, luego que la aplanadora de diputados orteguistas en la Asamblea Nacional ilegalizarán el organismo que ayudaba a este centro a sostenerse económicamente.
El hogar de ancianos fue fundado el 30 de junio de 2004 y se ubica en residencial Las Colinas. Decenas de adultos mayores quedan en el desamparo tras la arremetida del régimen de Ortega.
La Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense fue creada por la exprimera dama y ahora presa política María Fernanda Flores, esposa del exreo por corrupción Arnoldo Alemán. Por órdenes del régimen fue incorporada en la lista negra de más de 100 organizaciones ilegalizadas.
La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo consumó la ilegalización de 25 organizaciones de la sociedad civil. Con el voto favorable de los diputados orteguistas ante la Asamblea Nacional, los parlamentarios cancelaron la personalidad jurídica de las ONG.
El decreto legislativo aprobado el 17 de marzo, con 74 votos a favor, 16 abstenciones y un presente; asegura que estas organizaciones no han reportado sus juntas directivas y sus informes financieros conforme los períodos fiscales y desgloses detallados según lo establece la ley. Además, se menciona la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley contra el Lavado de Activos.
