39 ancianos que alberga el asilo Sor María Romero ya no podrán ser atendidos luego que la aplanadora de diputados orteguistas en la Asamblea Nacional cancelaran la personalidad jurídica de la Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense junto a otras 24 ONG.
El centro donde se atendía a los adultos mayores fue fundado el 30 de junio de 2004 y se ubica en residencial Las Colinas.
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María Lourdes Chacón, directora administrativa del asilo, dijo a Artículo 66 que pese a la noticia que se ha difundido en medios de comunicación aún no ha sido notificada sobre el cierre, por lo que no puede referirse al caso. «Estamos trabajando normal, por eso no puedo decir nada», explicó.
En cuanto a los más de 30 ancianos que actualmente son atendidos, Chacón dijo que no puede detallar qué pasará con ellos porque «hay muchos que tienen familiares y tienen que venir a recogerlos, es por eso que no puedo dar mayor información».

Por su parte, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) lamentó la ilegalización de la fundación y señaló que «decenas de ancianos del asilo Sor María Romero han quedado en el desamparo tras la cancelación de la personalidad jurídica de la Fundación para la Dignidad Humana, su principal donante».
«Exigimos al régimen Ortega-Murillo que retroceda en su afán de destruir a esta y todas las organizaciones de la sociedad civil a las que les ha cancelado la personería jurídica. ¿Dónde está el amor y la paz que tanto pregonan?», reprochó el Cenidh-
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La Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense fue creada por la exprimera dama y ahora presa política María Fernanda Flores. Por órdenes del régimen fue incorporada en la lista negra de más de 100 organizaciones sin ilegalizadas.
La administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo consumó la ilegalización de 25 organizaciones de la sociedad civil. Con el voto favorable de los diputados orteguistas ante la Asamblea Nacional, los parlamentarios cancelaron la personalidad jurídica de las ONG.

El decreto legislativo aprobada el jueves, 17 de marzo, con 74 votos a favor, 16 abstenciones y un presente; asegura que estas organizaciones no han reportado sus juntas directivas y sus informes financieros conforme los períodos fiscales y desgloses detallados según lo establece la ley. Además, se menciona la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley contra el Lavado de Activos.
Al igual que en otras ilegalizaciones de ONG, la dictadura de Nicaragua podría confiscar los bienes muebles e inmuebles de estas organizaciones como sucedió con Popol Na, el Cenidh, universidades, Fundación del Río, Cisas, entre otras.