A pocos días de conmemorarse el cuarto aniversario de la rebelión cívica de abril 2018, la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) informó que, los miembros de su Consejo Político, han sostenido reuniones con grupos de nicaragüenses en el exterior.
Los encuentros se realizaron con el objetivo de «mantener y dinamizar un canal de comunicación político permanente» y para acordar «vías conjuntas» para continuar denunciando al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a nivel internacional.
En los encuentros, que iniciaron el día viernes, ocho de abril, los integrantes del Consejo Político abordaron la situación actual de Nicaragua desde la perspectiva de la Unidad Nacional y se acordaron «vías conjuntas para mantener la denuncia contra el régimen a nivel internacional».
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«Las comunidades nicaragüenses en el exterior plantearon sus principales preocupaciones alrededor de dos temas: los pasos que se están realizando para lograr la unidad de la oposición democrática nicaragüense y la necesidad de potenciar los vínculos orgánicos con la UNAB», señala la nota.
Según una nota de prensa del grupo opositor, las comunidades nicaragüenses «desempeñan un relevante papel en la lucha contra la dictadura, especialmente en su labor de denuncia de la represión y de las violaciones de los derechos humanos por parte del régimen Ortega-Murillo y en la búsqueda de mayor presión internacional al régimen, mediante el cabildeo en los diversos foros mundiales y ante los gobiernos democráticos».
Los encuentros del pasado fin de semana de la Unidad Nacional se realizó con grupos de nicaragüenses en Canadá y Estados Unidos; España, Francia, Reino Unido, Italia, Dinamarca, Suecia y Alemania, entre otros. «En los próximos días se tienen planificados encuentros similares con las comunidades nicaragüenses en países de América Latina», adelantó.
La denuncia internacional ha sido uno de los puntos claves que ha llevado al régimen Ortega-Murillo a ser desconocido por más de 40 países del mundo tras las pasadas elecciones presidenciales de noviembre de 2021.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución donde critican los resultados afirmando que las votaciones «no fueron libres, justas ni transparentes y carecen de legitimidad democrática».