Incrementa a 181 el número de personas presas políticas de Ortega

El Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas en Nicaragua actualizó la cifra de reos de conciencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a 181 hasta el 31 de marzo de 2022. «En el mes de marzo fueron agregadas a la lista 2 personas quienes fueron capturadas de forma arbitraria entre los meses de noviembre de 2021 y enero 2022», destaca el informe.

El documento indica que en los centros de detención del Sistema Penal Nacional: Jorge Navarro «La Modelo», La Esperanza, Waswalí en Matagalpa, Chinandega, Chontales, Estelí y Granada se continúan recibiendo reportes de malos tratos, crueles, inhumanos, degradantes, insalubridad y falta de atención médica para las personas presos políticos.

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«De las 30 personas detenidas en la Dirección de Auxilio Judicial «El Chipote» 27 fueron condenadas. En este centro continúa el régimen de aislamiento de las personas detenidas y el incumplimiento de las reglas «Nelson Mandela» para el tratamiento de personas detenidas», apunta el informe mensual sobre los presos políticos de Ortega.

Del total de 171 personas presas políticas del contexto de abril 2018, 126 se encuentran en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional, 30 en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como «El Chipote», en Managua. Adicionalmente ocho personas están en delegaciones municipales de la policía y siete en arresto domiciliar.

«Las familias de las personas presas políticas también suelen ser víctimas de la represión. Durante este mes el Mecanismo registró al menos 3 actos de hostigamiento de agentes de la Policía o parapolicías en viviendas de familiares en diferentes departamentos», señala.

«Por otro lado, durante las visitas de familiares y entrega de paquetería, este mes se tuvo conocimiento de al menos 2 familias a quienes los custodios de los penales les obligan a firmar documentos que mencionan que la persona detenida está recibiendo un buen trato aunque no se cuente con evidencias del trato mencionado. Sin embargo, cuando las familias se niegan a firmar son víctimas de amenazas sobre limitaciones de visitas o restricciones de paquetería», añade.