El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consumó la ilegalización de 25 organizaciones de la sociedad civil. Con el voto favorable de los diputados orteguistas ante la Asamblea Nacional, los parlamentarios cancelaron la personalidad jurídica de las ONG, entre ellas una asociación de periodistas, una ambientalista y otras defensoras de las mujeres, de los indígenas y de derechos humanos.
El decreto legislativo aprobada este jueves, 17 de marzo, con 74 votos a favor, 16 abstenciones y un presente; asegura que estas organizaciones no han reportado sus juntas directivas y sus informes financieros conforme los períodos fiscales y desgloses detallados según lo establece la ley. Además, se menciona la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley contra el Lavado de Activos.
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Al igual que en otras ilegalizaciones de ONG, la dictadura de Nicaragua podría confiscar los bienes muebles e inmuebles de estas organizaciones como sucedió con Popol Na, el Cenidh, universidades, Fundación del Río, Cisas, entre otras.
Aunque la Asamblea y el Ministerio de Gobernación (Migob) establecen que los bienes serán liquidados según los estatutos de cada organización, en la práctica es la Procuraduría General de la República (PGR) la que distribuye lo confiscado, asignándolo a instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa).
Las nuevas ONG canceladas son la Asociación Operación Sonrisa de Nicaragua, la Asociación de Periodistas de Nicaragua Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y el ambientalista Centro Alexander Von Humboldt para la Promoción del Desarrollo del Territorio y la Gestión del Ambiente (Centro Humboldt).
También la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia, Fundación para la Libertad, y Asociación Voces Vitales de Nicaragua.
Además, Fundación Agora Parnertships, Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, Asociación Civil Emprendedores Juveniles de Nicaragua, Asociación Club Harvard de Nicaragua, Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense y el Club Social de Matagalpa.
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Asimismo, Fundación Cruzada Ciudadana por la Democracia, Fundación Kolping-Nicaragua, Fundación Instituto para Observación para la Democracia y los Derechos Humanos, Asociación Civil Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica (Fobeca), Asociación Fondo de Desarrollo Local, y Asociación Foro de Mujeres de Nicaragua.
Las otras son la Asociación Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica, la Asociación Centro Cristiano de Derechos Humanos y la Asociación Centro de Prevención de Violencia.
Más de 100 ONG canceladas
El informe denominado «La brutal demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua», elaborado por la Fundación del Río y Popol Na, indica que al menos 115 organizaciones no gubernamentales (ONG) han sido canceladas o «allanadas de facto» desde que Daniel Ortega retornó al poder, en el 2007, de ellas 87 en los últimos tres años.
«El récord de desmantelamiento de la libertad de asociación por parte del régimen Ortega-Murillo incluye agresiones a 115 organizaciones de diferentes tipos, durante el período 2007-2022», señaló la Fundación del Río y Popol Na.
El estudio detalla que en los cuatro períodos consecutivos que lleva Ortega en la Presidencia han cerrado sus puertas de manera obligada a 58 ONG locales.
También otras 16 asociaciones médicas, 12 ONG internacionales, 7 universidades internacionales, 6 universidades privadas, 5 partidos políticos, 5 gremios empresariales, 3 medios de comunicación independientes, 2 organizaciones culturales y una federación de cooperativas.
De ese total, 99 fueron cerradas desde el estallido social contra Ortega en 2018, incluyendo organizaciones que defendían los derechos humanos, médicas, feministas, educativas, centros de pensamiento, entre otras, de acuerdo con el informe.
