La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la confiscación de los bienes de todas las organizaciones no gubernamentales (ONG) a las que le ha quitado la personalidad jurídica desde finales de 2018.
Los bienes de las entidades pasaron y siguen pasando a manos del régimen Ortega-Murillo en clara violación al artículo 25 de la Ley 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas Sin Fines De Lucro, que establece que «los bienes y acciones que pertenezcan a la Asociación tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo o en sus Estatutos. Si nada se hubiere dispuesto sobre ello pasarán a ser propiedad del Estado».
La Asamblea Nacional -dominada por el régimen- ha cancelado la personalidad jurídica a decenas de organizaciones sin fines de lucro, incluidas media docena de universidades, grupos feministas, asociaciones comunitarias, defensoras de derechos humanos, de la Diócesis de Estelí, entre otras.
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Ortega también viola el artículo 44 de la Constitución Política de la República que señala que en el país «se prohíbe la confiscación de bienes». «Los funcionarios que infrinjan esta disposición, responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos», reza la parte final del artículo citado.
Propiedades de alto valor

La directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Ana Quirós, recuerda que los dos edificios propiedad de la organización que dirigía estaban valorados en 700 mil dólares fueron parte de la confiscación. Están ubicados en una de las zonas más exclusivas de Managua, Residencial Bolonia, en las cercanías de El Carmen.
Desde el exilio, la activista feminista asegura que en equipamientos como computadoras, impresoras, muebles de oficina, aires acondicionados, refrigeradora y cocina podrían sumar 150 mil dólares, incluidas cuentas bancarias. En total le habrían confiscado unos 850 mil dólares solo a una ONG que el 29 de noviembre de 2018 a la Asamblea Nacional le canceló la personalidad jurídica.
CISAS era una organización con 35 años de trayectoria dedicada a la educación en salud y la prevención del VIH/Sida. A la ONG la acusaban de participar en «acciones desestabilizadoras contra el gobierno y la sociedad nicaragüense».
72 horas previas a la ilegalización y confiscación de CISAS, Quirós fue expulsada de Nicaragua y despojada de la nacionalidad nicaragüense que había adquirido cuando migró al país proveniente de Costa Rica.
La activista explicó a Artículo 66 que los estatutos establecían dos mecanismos para liquidar los bienes de la organización: donar los activos a otras ONG que trabajaran temas afines o por decisión de la junta directiva y Asamblea.
«La Asamblea (de la organización) había decidido entregar algunas cosas al personal como distribuir algunos mobiliarios a organizaciones o grupos comunitarios», explicó.
«Tomadas y expropiadas» por la PGR

En la primera «barrida» de las ONG en 2018, también se ilegalizó a Fundación del Río. Su presidente, el activista Amaru Ruiz, fue de los primeros en denunciar la inacción del régimen de Ortega para atender el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz. Sus declaraciones lo llevaron al exilio, la ilegalización de la fundación que dirigía y ser víctima de confiscación.
Ruiz señaló que la Procuraduría General de la República le confiscó 22 propiedades de Fundación del Río. «En términos de montos el cálculo salió 1 millón 200 mil dólares; eso incluye dinero de bancos, bienes inmuebles y patrimonio», detalló.
Los estatutos de Fundación del Río establecían que ante la pérdida de la personalidad jurídica o disolución de la organización, los bienes serían donados a otras ONG, pero esto no les fue permitido. Las propiedades «fueron tomadas y expropiadas sin poder hacer nada en la PGR», dijo.
Medio millón de dólares confiscados a la UPF

El dos de febrero de 2021, la Asamblea Nacional, dominada por el régimen, aprobó la cancelación de la personalidad jurídica de cinco universidades privadas, entre ellas la Universidad Paulo Freire (UPF). Su rector Adrián Meza dijo a Artículo 66 que lo confiscado por la dictadura roza los 500 mil dólares.
«En bienes inmuebles y equipamientos podríamos llegar a los 500 mil dólares. Por ejemplo, solo el edifico central que estaba con una hipoteca de primer grado con el Banco Avanz, ya había sido pagado en su totalidad; estamos hablado más de 200 mil dólares que ya habíamos entregado al banco a razón de más o menos 20 mil dólares cada año durante los últimos 10 años de trabajo», aseguró el académico exiliado en Costa Rica.
La UPF también cuenta con una sede en San Carlos, Río San Juan, una propiedad que fue donada por la Alcaldía de esa localidad hace 10 años. El inmueble tenía un valor de 65 mil dólares, la propiedad también fue confiscada. En las sedes de Rivas, Carazo y Estelí los locales eran rentados.
A dicha universidad también le confiscaron todo el mobiliario como equipos de oficina y computadoras, entre otros. «Evidentemente el Estado se quedará con ellos “manu militari”», refirió el rector. Los estatutos de la UPF establecían que «primero debían cancelarse los pasivos laborales y luego las deudas comerciales y con el sector público».
Aunque la Asamblea y el Ministerio de Gobernación (Migob) establecen que los bienes serán liquidados según los estatutos de cada organización, en la práctica es la Procuraduría General de la República (PGR) la que distribuye lo confiscado, asignándolo a instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa).