El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la cancelación de personalidades jurídicas a 25 organizaciones no gubernamentales. El régimen de Daniel, a través de su aplanadora de diputados en la Asamblea Nacional, ilegalizó este jueves, 17 de marzo, a las entidades de la sociedad civil.
Son ONG «que velan por la salud, la educación, los derechos civiles y políticos y la protección a los pueblos pueblos indígenas de la Costa Caribe», resaltó el Cenidh a través de su cuenta de Twitter.
El organismo calificó la acción de la dictadura de «un taque directo al derecho a defender derechos humanos». Además, expresó que es un actuar carente de cordura y que el régimen «ha demostrado una vez más que es una amenaza para el pueblo de Nicaragua, sumido en pobreza, enfermedad e injusticias sociales; quiere destruir cualquier esfuerzo nacional o internacional centrado en crear un nuevo estado de derecho».
Ante la nueva arremetida del Daniel Ortega, los defensores de derechos humanos demandan medidas más rigurosas por parte de la comunidad internacional «y al pueblo de Nicaragua le llamamos a profundizar la lucha. Defendamos nuestros derechos».
Castigados con Ley de agentes extranjeros
El decreto legislativo aprobada este jueves, 17 de marzo, con 74 votos a favor, 16 abstenciones y un presente; asegura que estas organizaciones no han reportado sus juntas directivas y sus informes financieros conforme los períodos fiscales y desgloses detallados según lo establece la ley. Además, se menciona la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley contra el Lavado de Activos.
Al igual que en otras ilegalizaciones de ONG, la dictadura de Nicaragua podría confiscar los bienes muebles e inmuebles de estas organizaciones como sucedió con Popol Na, el Cenidh, universidades, Fundación del Río, Cisas, entre otras.
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Aunque la Asamblea y el Ministerio de Gobernación (Migob) establecen que los bienes serán liquidados según los estatutos de cada organización, en la práctica es la Procuraduría General de la República (PGR) la que distribuye lo confiscado, asignándolo a instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa).
Nuevas ONG ilegalizadas
Las nuevas ONG canceladas son la Asociación Operación Sonrisa de Nicaragua, la Asociación de Periodistas de Nicaragua Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y el ambientalista Centro Alexander Von Humboldt para la Promoción del Desarrollo del Territorio y la Gestión del Ambiente (Centro Humboldt).
También la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia, Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia, Fundación para la Libertad, y Asociación Voces Vitales de Nicaragua.
Además, Fundación Agora Parnertships, Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, Asociación Civil Emprendedores Juveniles de Nicaragua, Asociación Club Harvard de Nicaragua, Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense y el Club Social de Matagalpa.
Asimismo, Fundación Cruzada Ciudadana por la Democracia, Fundación Kolping-Nicaragua, Fundación Instituto para Observación para la Democracia y los Derechos Humanos, Asociación Civil Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica (Fobeca), Asociación Fondo de Desarrollo Local, y Asociación Foro de Mujeres de Nicaragua.
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Las otras son la Asociación Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica, la Asociación Centro Cristiano de Derechos Humanos y la Asociación Centro de Prevención de Violencia.
Con estas nuevas ilegalizaciones, ya son 140 asociaciones sin fines de lucro canceladas desde el 2007. En 2018, la dictadura canceló 99 oengés, luego del estallido social, y en 2022 arremetió contra universidades.