El Centro Humboldt calificó este jueves como un “proceso arbitrario” la cancelación de su personería jurídica y denunció que desde el 2020 el Ministerio de Gobernación (Migob), se ha negado a recibir su documentación legal y financiera, utilizando argumentos “no apegados a los establecidos al marco regulatorio”.
«Este 17 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional por Decreto Legislativo ha cancelado la personalidad jurídica de nuestra institución Centro Humboldt, junto a otras 24 asociaciones y fundaciones civiles sin fines de lucro, bajo el argumento de incumplimiento de la Ley 147, Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y Ley No 977, Ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, señaló el organismo a través de un comunicado.
La organización ambiental señaló que en sus 32 años de existencia ha sido respetuosa del cumplimiento del Marco Jurídico Nacional, sobre todo a lo referido a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Sin embargo, aduce que Gobernación en reiteradas ocasiones se negó a aceptar su documentación legal y financiera, “bajo distintos argumentos no apegados a los establecidos al marco regulatorio de asociaciones sin fines de lucro”.
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El decreto legislativo aprobado, con 74 votos a favor, 16 abstenciones y un presente; asegura que estas organizaciones no han reportado sus juntas directivas y sus informes financieros conforme los períodos fiscales y desgloses detallados según lo establece la ley. Además, se menciona la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley contra el Lavado de Activos.
El Centro Humboldt manifestó que pese a esta medida, van a continuar trabajando en pro de las causas ambientales, la protección, conservación de los recursos naturales y desarrollo territorial. “De igual manera, nos solidarizamos con todas las asociaciones y fundaciones que, junto a la nuestra, hoy sufrimos este proceso arbitrario”, agregó.
El contrapeso de Ineter
El Centro Humboldt tiene como director ejecutivo al ingeniero Víctor Campos. Desde la organización ha denunciado que en el país se ha producido un debilitamiento en el marco jurídico nacional que ha puesto en peligro al medio ambiente.
Es una organización enfocada en promover el desarrollo territorial mediante la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales. La labor institucional se organiza con base en una política de alianzas con organismos de la sociedad civil y las instancias organizadas que constituyen sus contrapartes. Además, desarrollan estrategias para la solución de problemas ambientales y locales en pro de un desarrollo sustentable.
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En los medios de comunicación independientes eran una fuente de consulta sobre el tema del clima, cambio climático, minería, entre otros, como una opción ante el hermetismo del régimen con las instituciones del Estado como el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) y sus desacertados pronósticos climáticos.
“Agradecemos a la población nicaragüense, organizaciones, agencias de cooperación, academia, medios de comunicación, redes nacionales, regionales e internacionales de las que formamos parte y especialmente a nuestro colectivo por su compromiso social y ambiental que ha garantizado la calidad de nuestro trabajo técnico y científico, permitiéndonos por muchos años ser la organización referente en temas ambientales”, se despidió.
