El cronista deportivo Miguel Mendoza cumple 300 días encarcelado por el régimen de Daniel Ortega. La justicia de la la dictadura declaró culpable al periodista por el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» de conformidad con la controversial Ley 1055. Fue condenado a nueve años de prisión.
Mendoza fue sometido a una audiencia cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), señalado de «traición a la patria» y por la Ley de Ciberdelitos. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. Es uno de los 46 opositores detenidos en 2021, meses antes de las elecciones generales de noviembre en las que el Daniel Ortega se entronizó en el poder en su cuarto mandato consecutivo desde que retornó a la Presidencia en 2007.
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En los últimos años, el cronista deportivo empleaba sus redes sociales para opinar sobre las violaciones a los derechos humanos. Entre las principales pruebas que presentó el Ministerio Público para que el Poder Judicial lo declarara culpable figuran al menos 30 publicaciones de Twitter y Facebook que Mendoza compartió en contra de la dictadura de Ortega.
La familia del opositor encarcelado ha manifestado sentirse desesperada por el encierro «injusto» contra Mendoza, pero lo que más ha causado dolor es la situación de la hija del periodista que «llora todas las noches y no ha podido abrazar a su papá, no lo ha podido besar», afirmó su esposa Margin Pozo.
En la última visita realizada a Mendoza, su hermano pudo constatar que «físicamente está bastante afectado, bastante delgado. Su cara está demacrada, un poco arrugada su piel, su tez está bastante seca y se le mira que no está muy bien de salud», dijo en entrevista con Artículo 66.
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Su esposa en cada visita consulta si su hija Alejandra, de siete años, puede ver o hablar con su papá y las autoridades correspondientes le dicen que no hay autorización. A los presos políticos ni siquiera les permiten ver dibujos o cartas que los menores les envían.
Mendoza está cautivo desde el 21 de junio del 2021, cuando se encontraba afuera de su vivienda. Un día después de su detención agentes policiales allanaron su vivienda, según su esposa «lo único que pudieron llevarse fueron nuestros celulares y una cámara (dañada) que teníamos de recuerdo desde hace 7 años».
Sus familiares continúan demandando al régimen «condiciones mínimas» para los presos políticos como visitas más frecuentes, una mejor alimentación y el ingreso de artículos personales. De igual forma exigen su libertad inmediata. «Miguel es inocente. Todo lo que ha sucedido en estos seis meses ha sido injusto y vamos a seguir pidiendo la libertad de Miguel», resaltó su esposa.