El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, sostuvo un encuentro presencial el 15 de marzo con el dictador Daniel Ortega, en la que el funcionario de la institución financiera prometió más apoyo al régimen de Nicaragua.
Mossi y Ortega discutieron sobre la «reactivación económica» del país, a través de financiamientos del BCIE. El economista Marco Aurelio Peña asegura que esta medida es insuficiente para reactivar la economía del país.
En entrevista para Ahora, el podcast de Artículo 66, el especialista indicó que la administración de Ortega tiene al BCIE «como su principal financista», sin embargo estos desembolsos no significan que Nicaragua va a dejar de ser uno de los países más pobres de América Latina o dejar de depender de las remesas, por lo tanto «la reactivación económica no solo depende del banco (BCIE) depende de otros factores».
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Peña destacó, que el financiamiento que otorga el organismo internacional a la dictadura de Ortega implica más endeudamiento para el país y que actualmente «la deuda externa total de Nicaragua, es decir, pública y privada, ya supera el 100% como mínimo el 104% en relación al Producto Interno Bruto en 2021».
También, sostuvo que el BCIE necesita supervisar y condicionar los préstamos concedidos a Daniel Ortega, debido a que «cuando se tiene un gobierno que ha perdido confianza, que ha perdido credibilidad, ya no le da seguridad a la mayoría de la población, la comunidad internacional, a los agentes económicos; cuando tenés un gobierno así de ilegítimo y desprestigiado».
El economista subrayó que el BCIE debería informar «cuáles son las reglas de transparencia que se aplica, la rendición de cuentas, cómo podemos darle seguimiento a ese dinero desde la fuente que desembolsa hasta el uso de ese dinero en los diferentes programas y proyectos».
La ciudadanía cuestiona el uso que la administración de Ortega le da a los préstamos, ya que hay centralización de la información y solo presenta lo políticamente conveniente para su régimen.
«No tenemos seguridad que ese dinero se va ocupar para lo que supuestamente se está prestando», afirmó el economista; recordando que existe un deterioro en la confianza social hacia la dictadura de Ortega
«Al final ese dinero no lo van a pagar los políticos, los gobernantes, lo van a pagar la gente con sus impuestos, eso es preocupante, a eso si hay que ponerle mucha mente, porque actualmente no hay ningún tipo de control en ese sentido», reiteró.
Aseguró que la Comisión Económica de la Asamblea Nacional y la Contraloría de la República «no hacen lo que deberían hacer porque todo ese esquema constitucional e institucional está resquebrajado, hay un sometimiento absoluto y hablar de normas jurídicas, hablar de mecanismo de control interno, hablar de fiscalización de recursos, hablar a supervisión financiera en este momento no tiene ningún sentido por el uso discrecional, arbitrario, antojadizo, conveniente y circunstancial por parte de los que si detentan en el poder absoluto».
