Las sanciones internacionales en contra del Gobierno Nicaragua ha obligado a Daniel Ortega a remover de sus cargos a funcionarios de las diferentes instituciones del Estado.
El martes, 22 de febrero, el régimen ordenó la destitución de Ramón Humberto Calderón en el cargo de presidente de la junta directiva de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas). También apartó al ministro de Energía y Minas, sancionado Salvador Mansell Castrillo, de las juntas directivas de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic) y de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
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Ante estas «movidas» por parte de Ortega, Artículo 66 entrevistó a un experto quien explicó, en condición de anonimato, que no es la primera vez que el régimen hace este tipo de cambios, «ya lo hizo con el Ejército, el Ministerio de Hacienda, Telcor (Instituto de Telecomunicaciones y Correos), entre otros».
«Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, teóricamente sigue siendo Iván Acosta, pero hay un ciudadano que está al lado para firmar (…) El gobierno ha utilizado esos instrumentos, darle poder a otra persona, pero esa persona tiene el poder formal, pero está bajo la supervisión del ministro, del director o el gerente», explicó.
Agregó que existe una formalidad en la que las fichas nombradas por Ortega pueden firmar cualquier documento, «pero bajo autorización que le da el que está sancionado. Esto no es nuevo, además, Eniminas tiene un gran movimiento por el oro que viene de Venezuela, pero no es cierto que haya una gran cantidad de explotación de oro en Nicaragua, porque el país no tiene infraestructura, aunque hay oro».
En cuanto a que si esta «estrategia» le resulta Ortega para esquivar la sanciones, el experto dijo que «momentáneamente le resulta, por ejemplo la señorita Camila Ortega tiene cuentas en los bancos, puede firmar, pero de pronto la sancionaron y ya no puede hacer lo que hacía antes, tiene que buscar a otra persona que esté al lado de ella y haga las gestiones que no puede hacer».
«Aquí no tenemos un Gobierno que tenga procedimientos y leyes; más bien un comportamiento de poder, porque esto es una dictadura, y si dice el dictador —Daniel Ortega— que hay que hacer algo, solo queda hacerlo», remarcó.
Nicaragua, estado paria
En referencia a que si estos cambios implementados por Ortega perjudicará al país al momento de suscribir convenios o proyectos con otros países, el entrevistado aseveró que Nicaragua ha quedado «como un Estado paria en términos de sus relaciones económicas, financieras, de mercado, de exportaciones y de inversiones».
«Nadie viene a invertir a Nicaragua porque no hay seriedad, no hay un funcionamiento que respalde a un inversionista o a un intermediario financiero como es la banca».
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Para el especialista, las sanciones impuestas al régimen orteguista están siendo efectivas, «pero el criterio popular es que Ortega con las sanciones va a salir amarrado, corriendo para cualquier lado, eso no es así, pero las sanciones golpean el funcionamiento del Estado y el funcionamiento de varias instituciones autónomas, por ejemplo Telcor que es una institución que tiene autonomía que entrega cuentas solo a la Presidencia, sin embargo está sancionado».
El consultado concluyó que las sanciones contra el orteguismo lo van debilitando a «largo plazo», «recordemos que la Vicepresidencia de la República está sancionada», en alusión a Rosario Murillo.
Este miércoles, al menos 10 países europeos suscribieron las sanciones de los Veintisiete en contra de siete funcionarios y tres instituciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por ser «cómplices» de las violaciones a los derechos humanos y «socavar la democracia».
Los sancionados son Camila y Laureano Ortega Murillo; los magistrados del Poder Electoral Brenda Rocha, Cairo Amador y Lumberto Campbell; Nahima Díaz, directora general de Telcor e hija del director de la Policía Francisco Díaz; y Luis Ángel Montenegro, superintendente de bancos.
También fue sancionada la Policía Nacional, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y el Consejo Supremo Electoral (CSE).
