Aunque las violaciones a los derechos humanos, la existencia de prisioneros políticos, la confiscación de medios de comunicación, la persecución a los periodistas, así como la perpetuación de Daniel Ortega en el poder —por encima de las leyes y la Constitución— están a la vista, el régimen sandinista sigue negando ante el mundo que esto sea una dictadura.
La representante de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos, reaccionó airada durante la sesión que se celebra en Ginebra, Suiza, y reclamó a los países por el lenguaje empleado para referirse al gobierno sandinista.
«Llamo (a los países) a ocupar el lenguaje adecuado de este Consejo. No somos ninguna dictadura», fustigó con altanería la mujer que representa al régimen de Ortega en el 49 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Esa fue la única intervención de la representante de Ortega. El resto de la posición oficial fue transmitida por la Procuradora General de la República, Wendy Carolina Morales Urbina, mediante un video reciclado, que ya había sido proyectado el primero de marzo en otra reunión del Consejo.
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En esta sesión dedicada a la situación de violación de derechos humanos en Nicaragua, la Alta Representante, Michelle Bachelet, presentó un amplio informe que recoge los abusos de Daniel Ortega contra los nicaragüenses, incluyendo la situación de los prisioneros políticos, los juicios sin garantías, la aniquilación de organizaciones no gubernamentales, incluyendo 12 universidades, así como la muerte del preso político Hugo Torres.
Bachelet también exhortó a Nicaragua a liberar a los presos políticos, cesar la persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos, y permitir el ingreso al país de organismos internacionales de derechos humanos.
Durante las intervenciones de los países, la mayoría de miembros del Consejo de Derechos Humanos condenaron la represión de Daniel Ortega, demandaron la liberación inmediata y sin condiciones de los presos políticos, e instaron a la ONU a crear los mecanismos de «rendición de cuentas» para obligar al régimen a informar sobre la situación de los derechos humanos.
Entre los países que defendieron a la dictadura de Ortega destacan Cuba, Venezuela, China y Eritrea.
