La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este lunes, siete de marzo, las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura de Daniel Ortega, en Nicaragua.
El informe leído por la funcionaria, a través de un video, ante los 47 países que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el 49 periodo de sesiones, incluye el encarcelamiento de más de 40 líderes de oposición, activistas, precandidatos presidenciales, periodistas, líderes campesinos, empresarios, dirigentes estudiantiles y defensores de derechos humanos.
El documento presentado por Bachelet enumera detalladamente la serie de abusos cometidos por el régimen sandinista, durante todo el 2021. Adicionalmente, la Alta Comisionada denunció la muerte —en las manos de la dictadura de Ortega— del prisionero político Hugo Torres, así como las anomalías denunciadas en los juicios que ha ejecutado la maquinaria judicial sandinista contra los opositores encarcelados.
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Sobre el encarcelamiento de voces críticas y activistas opositores, el informe de Bachelet señala que «del 28 de mayo al 21 de octubre de 2021, coincidiendo con el proceso electoral, 39 (31 hombres y 8 mujeres) líderes políticos y sociales, periodistas, empresarios, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil fueron detenidos arbitrariamente, en cumplimiento de la Ley No. 977 contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y/o Ley No. 1055. Ambas leyes contienen definiciones ambiguas de “terrorismo” o “traición a la patria” que son incompatibles con el derecho internacional».
Igualmente, denunció que «los procedimientos judiciales contra los detenidos no respetaron las garantías básicas de un juicio justo. Además, 35 permanecen en el complejo Evaristo Vásquez Sánchez de la Dirección de Auxilio Judicial, en condiciones que violan los estándares internacionales».
Denuncia eliminación de ONG y universidades
La Alta Representante también informó al Consejo sobre las últimas medidas del gobierno de Ortega contra las Organizaciones No Gubernamentales. Bachelet denunció que en los primeros dos meses de 2022, Ortega a ha ordenado la muerte de al menos 12 universidades privadas, «sin permitir a sus representantes el derecho a la defensa».
Además mencionó la oleada de exiliados y migrantes que en estos años se han visto obligados a abandonar el país.
Entre las recomendaciones plasmadas en este informe, Michelle Bachelet insta de manera enfática a la dictadura de Ortega a que «ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas arrestadas y detenidas arbitrariamente y desista de todos los cargos (imputados) contra ellas».
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Bachelet también recomendó a la dictadura liberar a los presos políticos y promover el respeto a los defensores y periodistas y a permitir a los organismos defensores de derechos humanos a ingresar al país para documentar in situ la situación que se vive en el interior de Nicaragua.
Nicaragua responde con una grabadora que ya había mandado hace una semana
El régimen de Ortega respondió con una grabación que ya había sido proyectada en otra sesión del 49 periodo de sesiones, el pasado primero de marzo. En la intervención del Estado, la Procurada General de la dictadura, Wendy Carolina Morales Urbina, señaló al organismo de ser «permisivo y tolerante con las barbaries» que cometen «las potencias», y de ser «irracionales con los países en vías de desarrollo, como Nicaragua».
Haciendo eco de la propaganda que todos los días lanza de manera frenética la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, la procuradora Morales acusó a través de la grabación, a la ONU, de prestarse a la manipulación «del imperialismo».
«Esta valoración desigual se presta a la manipulación e instrumentalización de los derechos humanos para otros fines y pretensiones hegemónicas, derivadas de intereses económicos y políticos de los países imperialistas que afectan la dignidad y soberanía de los pueblos que buscan labrar su propio destino, sin ningún interés foráneo», leyó la representante del gobierno que después de abril de 2018 ejecutó una matanza de por lo menos 355 personas —documentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)—.
Durante las intervenciones de los países, una persona que representa al Estado reclamó con altanería a los países a «ocupar el lenguaje adecuado de este Consejo» por que, según dijo, «no somos ninguna dictadura».