El juicio político contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín; tres extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Pedro Vásquez, Walter Gómez y Marco Fletes, fue suspendido por segundo día consecutivo. El lunes, siete de marzo, será reanudado. El proceso judicial cumple dos días.
A Chamorro la dictadura la acusa de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida; gestión abusiva y falsedad ideológica. Todos estos delitos habrían sido cometidos a través de la FVBCH, una ONG que defendía la libertad de prensa en Nicaragua.
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Los detenidos fueron capturados entre el 28 de mayo y el 15 de junio de 2021. Según abogados consultados por Artículo 66, los plazos procesales ya vencieron, en consecuencia los presos políticos deberían recibir un «sobreseimiento» y ser liberados.
«En diciembre (2021) cumplieron seis meses (detenidos), el máximo tiempo que existe en la legislación nicaragüense para que un juez dicte sentencia. Estos procesos para ir a un juicio el día de hoy eso correspondería, como lo que llamamos nosotros en sentido popular: revivir un muerto», dijo el abogado Yader Morazán.
La abogada Eilyn Cruz, miembro de Acción Penal, explicó a Artículo 66 que el artículo 134 del Código Procesal Penal de Nicaragua establece los plazos que deben durar los procesos penales con acusados detenidos. Afirmó que, en el caso del delito de lavado de dinero, son seis meses y la interrupción del cómputo del plazo solo se podrá hacer a solicitud de la defensa, por caso fortuito o fuerza mayor.
La acusación también incluye al periodista Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana; los extrabajadores de la FVBCH Guillermo Medrano, Lourdes Arróliga y Ana Elisa Martínez. Los cuatro acusados que no están detenidos se encuentran en el exilio ante la inminente amenaza de captura en su contra.
