Josefina Vijil, familiar de la presa política Tamara Dávila, continúa demandando al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que le permitan a la rea de conciencia poder comunicarse con su hija de cinco años. Además, denuncia que las autoridades de la Policía siguen negándole una frazada a la prisionera.
«Tiene nueve meses completamente aislada en una celda cerrada. No le han permitido contar con una frazada. Tampoco ha podido ver, ni hablar con su hija de 5 años, ni siquiera ver una foto de ella o un dibujo», escribió Vijil, en su cuenta de Twitter.
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Reprochó que el régimen de Ortega solo ha permitido cinco visitas familiares a los presos políticos encarcelados en el Complejo Judicial Evaristo Vázquez, mejor conocido como «El Nuevo Chipote», en más de 200 días encarcelado.
El tres de marzo, Tamara Dávila fue condenada a ocho años de prisión, por supuestamente «conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional». El veredicto fue dictado por el juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno.
La presa política fue juzgada junto a los aspirantes a la Presidencia Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, así como los líderes de la oposición José Pallais y José Adán Aguerri y la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) Violeta Granera.
Las pruebas que presentó la Fiscalía se basaron en mensajes de WhatsApp entre los presos políticos, actas de allanamientos y artículos incautados a los detenidos en sus viviendas como celulares, memorias USB, computadoras y otros objetos personales.
La líder opositora, al finalizar el juicio maratónico de siete días en el Chipote, reiteró su inocencia y dijo que su «único “delito” ha sido ejercer mi derecho a defender derechos y denunciar las injusticias. Por ello he sido perseguida y detenida ilegalmente. Tenía más de seis meses de estar siendo vigilada permanentemente por la Policía. A pesar de no oponer resistencia, el día de mi detención, me golpearon en la cara varias veces hasta hacerme sangrar. Apenas llegué al Chipote tuve que ser llevada a enfermería».
Tamara Dávila demandó a la justicia orteguista que le permitan ver a su hija y comunicarse con ella regularmente, que cese el aislamiento de todos los prisioneros políticos y que pongan un alto a las torturas psicológicas.
«Estoy en tal aislamiento, que fue el martes 15 (de febrero), cuando inició el juicio, la primera vez en más de ocho meses que comí con alguien. Esto es tortura, exijo que se restituyan mis derechos», subrayó la rehén de conciencia, a través del mensaje que divulgó su familia en las redes sociales.
La plataforma digital «Se Humano» exige la liberación inmediata de Tamara Dávila y la de los más de 170 reos de conciencia que permanecen encarcelados. «Todos los presos políticos merecen justicia, libertad, y trato humanitario», resaltó.
