La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) demanda al régimen de Daniel Ortega que respete los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua. Hacen énfasis en la violencia y el despojo de tierras hacia los nativos.
El dos de marzo, la alta comisionada Michelle Bachelet presentará ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la actualización de informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, documento en el que destacan la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas nicaragüenses, denunciando ante la comunidad internacional que durante el 2021 las comunidades continuaron «sufriendo discriminación y violencia».
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Solicitan a Ortega que «proceda con una investigación pronta, eficaz, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente de todos los ataques armados contra los pueblos indígenas, lleve a los presuntos perpetradores ante la justicia dentro de un proceso justo y sancionar a los responsables».
Ante esto, la ONU recomienda a la dictadura de Nicaragua que realice los procedimientos debidos para la restitución de sus derechos y el retorno de sus tierras actualmente ocupadas por colonos, mismos que han causado enfrentamientos que ha desencadenado en asesinatos a indígenas que defienden sus territorios. Los habitantes creen que las autoridades parecen estar del lado de los expropiadores.
«El hecho de que los procedimientos de restauración, que involucran, entre otros, la restitución de tierras actualmente ocupadas por colonos no indígenas, aún estén incompletos, también es un factor importante detrás de la ocupación de tierras y la violencia», denunciará Bachelet durante el 49 periodo de sesiones, que se celebrará entre el 28 de febrero y el primero de abril de 2022, en Ginebra, Suiza.
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En el escrito, que fue divulgado antes de su presentación oficial, se menciona que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU examinó el quinto informe periódico de Nicaragua acogiendo las medidas adoptadas para fortalecer el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes, destacando que «el comité mostró su preocupación por la falta de consulta en relación con los proyectos de inversión a gran escala, los que están afectando negativamente su derecho a un nivel de vida adecuado».
La organización rechaza el hecho de que el régimen estaría imponiendo «gobiernos paralelos, usurpando la función de autoridades autónomas legalmente constituidas». Además, critican que hasta ahora «las medidas han sido insuficientes para promover y proteger las culturas indígenas y afrodescendientes».
Según los reportes recibidos por la OACNUDH, durante el 2021 se produjeron al menos seis ataques e incidentes violentos que afectaron a pueblos indígenas. Resultando 11 hombres indígenas asesinados, una mujer y una niña violadas, además siete personas heridas, incluidos dos niños.
