El presidente de Rusia, Vladimir Putin, inició un ataque en la región de Donbás, en Ucrania, el que llamó «operación militar especial» y advirtió que la respuesta de Moscú sería «inmediata» si alguien intenta enfrentarse a Rusia.
Alrededor de las seis de la mañana de este jueves, Putin atacó con misiles y explosiones, mientras las tropas rusas comenzaban a invadir Ucrania tomándose la central nuclear de Chernóbil y dejando una estela de sangre, destrucción y más de cien mil desplazados. Según las autoridades ucranianas al menos 57 personas fallecieron y unas doscientas resultaron heridas en las primeras 24 horas.
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En respuesta, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rompió relaciones diplomáticas con Moscú y advirtió a los líderes mundiales que «si no les ayudan bien, mañana la guerra tocará a sus puertas». Además, dejó en claro que «no fue Ucrania la que tomó la senda de la guerra» y propuso «volver al camino de la paz».
El ataque de Putin a Ucrania ocurrió mientras el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se encontraba reunido de emergencia y le imploraba «en nombre de la Humanidad» no iniciar «la peor guerra desde principios de siglo».
Estados Unidos señaló que «es un ataque premeditado» y expulsó al ministro consejero de la embajada de Rusia en Washington. El presidente estadounidense Joe Biden anunció sanciones contra cuatro bancos rusos y nuevos castigos económicos a funcionarios de ese país. Canadá también aplicó penalidades a funcionarios y entidades rusos.
Por su parte, la Unión Europea dijo que se trata de «uno de los momentos más oscuros para Europa desde la Segunda Guerra Mundial» y acordó nuevas medidas restrictivas que abarcan el sector financiero, de energía y transporte, y a las cuales se sumó Suiza. Reino Unido también advirtió «el mayor y más severo paquete de sanciones que Rusia haya visto jamás».
Líderes mundiales, incluyendo la Santa Sede, también se sumaron a la condena y llamaron a la paz. Asimismo, ciudadanos se manifestaron en el mundo en contra de la invasión rusa. En Rusia, miles de personas también salieron a las calles a protestar contra la «guerra». Se calcula que unos 1,700 manifestantes fueron detenidos.
El presidente de la Duma Estatal de Rusia, Viacheslav Volodin, arribó a Nicaragua donde se reunió con los diputados ante la Asamblea Nacional antes de sostener una reunión con el dictador Daniel Ortega.
La primera acción del ruso al presentarse en el hemiciclo fue justificar la invasión militar de Vladimir Putin a Ucrania. El alto funcionario moscovita aseguró que Kiev irrespetó los acuerdos de Minsk y «realizó la política del genocidio» contra su propio pueblo.
Añadió que «Ucrania debe convertirse en un Estado independiente, democrático y pacífico y tiene que liberarse de la ideología ultranacionalista (…) y la OTAN no tiene que resolver sus cuestiones sobre la seguridad a cuenta de otros participantes».
Volodin adujo que Ortega y Putin decidieron «ampliar nuestra cooperación estratégica» en todas las esferas, incluida la militar, y el objetivo de su visita «garantizarlo» por vía legislativa.
La dictadura de Daniel Ortega retiró las credenciales al embajador de Colombia, Alfredo Rangel Suárez, horas después de que el Gobierno de ese país ordenara a su representante en Managua presentar una nota de protesta ante la Cancillería nicaragüense y regresar a Bogotá, luego de que Ortega asegurara el 21 de febrero que la nación andina es un «narcoestado».
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El régimen señaló que el embajador colombiano emitió juicios «insolentemente» sobre los asuntos internos de Nicaragua y agregó que esas declaraciones ofenden «impúdicamente al Estado nicaragüense y su pueblo».
El régimen Ortega-Murillo también aprovechó para «pelearse» con el canciller de España, José Manuel Albares, por unas presuntas declaraciones que habría realizado el ministro español sobre Nicaragua. Aunque, la diplomacia de Ortega no especificó cuáles fueron las declaraciones, las calificó de «insolentes, anacrónicas y desfasadas».
Los presos políticos Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Tamara Dávila y Violeta Granera, José Pallais y José Adán Aguerri, fueron declarados culpables el miércoles, 23 de febero, tras siete días de juicio político por el delito de «conspiración para el menoscabo a la integridad nacional». La fiscalía solicitó entre 8 a 13 de años de prisión para los presos políticos más inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Chamorro reaccionó con aplomo al escuchar el fallo y manifestó que se siente «muy honrado de estar con estos nicaragüenses en ese lugar». Sostuvo que «es inocente, y solo Dios, la historia y Nicaragua lo pueden juzgar».
Tamara Dávila dijo, por su parte, que su «único delito» ha sido ejercer mi derecho a defender derechos y denunciar las injusticias, y exigió que no sigan violando los derechos de su hija de cinco años a quien no le permiten verla. La lectura de sentencia fue programada para el 3 de marzo
Analistas y expertos consideran que la invasión de Rusia a Ucrania tendrá «consecuencias inmediatas» para Nicaragua como el incremento en el precio del combustible y alimentos. Asimismo, el apoyo de Ortega a Rusia podría aislar más al país.
La organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab) señaló que este respaldo de la dictadura al presidente ruso Vladimir Putin arriesga la seguridad regional y «contradice el trillado discurso oficial de no injerencia y defensa de la soberanía».
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El régimen de Nicaragua autorizó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a detención domiciliaria con custodia policial a los exdiplomáticos y presos políticos Edgard Parrales Castillo, de 79 años, y Mauricio Díaz Dávila, de 71 años, por «su estado de salud», informó el Ministerio Público, mediante un comunicado publicado la medianoche de este jueves, 24 de febrero.
Ambos se encontraban detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote», señalada de ser un «centro de torturas».