La cacería de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra las universidades privadas no ha terminado. Las nuevas instituciones de estudio superior que serán ilegalizadas son la Universidad Tecnológica de Nicaragua (UTN) y la Universidad Santo Tomás de Oriente y Mediodía (USTOM) de Granada.
A ambas se les aplicará la misma justificación con la que la dictadura ha arrasado con más de una docena de asociaciones universitarias. Alegan, por tanto, que las universidades incumplieron con la entrega de informes financieros y se encuentran acéfalas.
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Este martes se cumplieron seis días de juicio político contra los aspirantes presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga; las dirigentes opositoras Violeta Granera y Tamara Dávila; el empresario José Adán Aguerri y el exdiputado liberal José Pallais.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que la dictadura apuesta a «agotar física y moralmente a los reos, sus familias y defensores» con un maratónico juicio contra los siete presos políticos.
Incluso, en la audiencia del lunes, 21 de febrero, fueron conducidos a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), los opositores José Pallais y Arturo Cruz, quienes tienen arresto domiciliario, debido a su grave estado de salud. El régimen los acusa de presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y usa como supuestas pruebas mensajes que se compartieron en WhatsApp y entrevistas a medios de comunicación independientes.
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, ordenó despojar al mayor general retirado Ramón Humberto Calderón de la presidencia de la junta directiva de Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas). En sustitución de Calderón nombró a Ruy Delgado López, con rango de ministro, quien ya representaba a la empresa estatal desde que el exmilitar fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Ortega también apartó de una vez en Eniminas al sancionado ministro de Energía, Salvador Mansell, quien era parte de la junta directiva. Asimismo, lo quitó de la junta directiva de la Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic). En su lugar colocó a su «segunda al mando», Estela María Martínez Cerrato, viceministra de Energía y Minas, quien será la nueva representante del ministerio en ambas empresas.
El régimen de Nicaragua destituyó como director propietario del Consejo Directivo del Banco de Fomento a la Producción (Produzcamos) a Leslie Earl Coe Hodgson, quien duró en el cargo nueve meses. El funcionario será sustituido por William Schwartz Cunningham, exdirector ejecutivo del Instituto Nacional Forestal (Inafor).
En 2021 el régimen realizó una reforma a la Ley del Banco con la que la institución financiera estatal dejaría de estar sujeta a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos (SIBOIF). Con este movimiento se dejó abierta la posibilidad de que el Banco financie a empresas ligadas al círculo de poder sancionado de Ortega, sin que sea supervisado por la Siboif.
Este día, el «todopoderoso» Daniel Ortega autorizó a su nuevo viceministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, suscribir las acciones adicionales con la Corporación Financiera Internacional (IFC), institución financiera internacional, miembro del Grupo Banco Mundial. El valor total de las acciones que Nicaragua debe depositar equivale a dos millones seiscientos cincuenta y tres mil dólares (US$2,653,000.00).
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El número de muertos causados por el COVID-19 alcanzó los 225 en Nicaragua desde que la pandemia fue detectada en el país, en marzo de 2020, con 18.024 casos confirmados, según datos del Ministerio de Salud, Minsa. En los últimos 7 días, el país registró 109 nuevos casos e insiste que solo se reporta una muerte por la enfermedad durante ese periodo.
El ministerio también difundió a través de su página web los informes sobre los registros de casos por neumonía, los que según la institución han superado el número de pacientes positivos y muertes por COVID-19 en el país. Durante los primeros días de 2022, el Minsa confirmó que se reportaron «1,323 casos de neumonía», pero según la entidad sanitaria esto representa un «34% menos que en el mismo período de 2021».
