La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo consumó su plan de intervención y confiscación a seis universidades privadas de Nicaragua. Con carácter de urgencia mandó a la Asamblea Nacional -dominada por el oficialismo- la creación de tres universidades estatales para la administración de los bienes y servicios de los centros de estudios que fueron ilegalizados.
La iniciativa de ley cambia la razón social de las universidades canceladas y las pasa bajo el título de «estatal», con personalidad jurídica y bajo la tutela del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
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La iniciativa de Ley Creadora de Universidad Nacional Politécnica (UNP), antes Universidad Politécnica (Upoli), señala que esta universidad funcionará «como un centro de educación superior del Estado, con personalidad jurídica, autonomía funcional, técnica, administrativa y financiera, patrimonio propio, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, miembro del Consejo Nacional de Universidades (CNU), y que será sucesora legal sin solución de continuidad de la extinta Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)».
Al igual que la nueva Universidad Nacional Politécnica (UNP), se creó la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda en sustitución de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, Presbítero Francisco Luis Espinoza Pineda (UCATSE), antes conocida como Escuela de Agricultura y Ganadería Francisco Luis Espinoza de Estelí y que el rector era el obispo emérito Abelardo Mata.
También crearon la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que absorberá a la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) y Universidad Paublo Freire (UPF).
Los nuevos centros de estudios estatales fueron aprobadas con 90 a favor, cero en contra, cero abstenciones y uno presente. La personalidad jurídica de dichas universidades fue cancelada el pasado dos de febrero y en menos de una semana ya fueron intervenidas por las autoridades del CNU.
El órgano rector de la educación superior anunció, tras la ilegalización de las universidades, que «garantizará» la continuidad y culminación de estudios de los más de 14 mil estudiantes que quedaron en el limbo académico por esta situación.