La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo oficializó la cancelación de la personalidad jurídica a seis organizaciones no gubernamentales (ONG) que la Asamblea del régimen ilegalizó el martes, 15 de febrero, en La Gaceta No.32, Diario Oficial de este viernes, 18 de febrero de 2021.
Entre las organizaciones ilegalizadas está el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra (MEC), fundado en mayo de 1994 y representado legalmente por la opositora Sandra Ramos, quien participó en el intento de diálogo nacional celebrado en mayo de 2018.
El 25 de septiembre de 2020, las instalaciones del MEC fueron asediadas por la Policía al servicio del régimen de Daniel Ortega. En esa ocasión, Sandra Ramos encaró a los agentes policiales, los cuales se retiraron del lugar sin dar mayor explicación.
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Otra organización cancelada fue PEN Nicaragua, presidida por la poetisa Gioconda Belli. Esa entidad decidió suspender sus actividades en febrero de 2021 debido a la controvertida Ley de regulación de agentes extranjeros aprobada por el régimen en 2020, en la que sanciona a quienes reciben financiación y donaciones del exterior.
La aplanadora de diputados también despojó de su personalidad jurídica a la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), cuyo secretario ejecutivo es el abogado Álvaro Leiva, asilado desde el 2018 en Costa Rica. La ANPDH desde el exilio continúa trabajando.
Además descabezó al Centro de Promoción de la Juventud e Infancia, Fundación para la Promoción de las Mujeres y la Niñez Blanca Araúz (FUNDEMUNI) y la Fundación Iberoamericana de las Culturas (FIBRAS).
Supuestamente las organizaciones no han reportado sus informes financieros conforme los períodos fiscales y desgloses detallados según lo establece la ley. Además, el Ministerio de Gobernación (Migob) argumentó que las juntas directivas de estas organizaciones se encuentran «acéfalas» y no han reportado donaciones previas procedentes del exterior.
En la última semana el régimen ilegalizó a doce ONG, entre ellas tres de Estados Unidos y tres europeas, originarias de países que impusieron sanciones a altos funcionarios señalados de ser «cómplices de violaciones a los derechos humanos» de los nicaragüenses. Desde diciembre de 2018 a 2021 la dictadura canceló la personalidad jurídica a 87 asociaciones sin fines de lucro, sumando 99 en total hasta el 15 de febrero de este año.
