Estados Unidos condenó la muerte del general en retiro y prisionero político del régimen Hugo Torres, fallecido el sábado, 12 de febrero. El país norteamericano considera que esta situación es «inconcebible» y exige la liberación inmediata de los presos políticos encarcelados, principalmente la situación que enfrentan los mayores de edad en las celdas de «El Nuevo Chipote».
«La muerte del preso político Hugo Torres, de 73 años, ocurrió durante su injusto y abusivo encarcelamiento por parte de los Ortega-Murillo. Continuar deteniendo a los presos en estas condiciones, especialmente a los ancianos, es inconcebible. Instamos a su liberación inmediata», expresó el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian A. Nichols por medio de su cuenta de Twitter.
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Nichols había demandado la libertad inmediata del que fuera uno de los presos políticos de Nicaragua desde junio de 2021. El funcionario estadounidense aseguró que «Hugo Torres Jiménez, un crítico del régimen de 73 años y exlíder militar sandinista, fue encarcelado el 13 de junio luego de denunciar a Ortega y Murillo. Torres abogó por la resistencia pacífica al régimen, a quien ha caracterizado como más brutal que la dictadura de Somoza contra la que lucharon en la década de 1970».
Desde su cuenta de Twitter, el subsecretario norteamericano ha demandado la libertad incondicional de los más de 170 presos políticos, además de instar a la dictadura de Daniel Ortega a que respete los derechos humanos de los nicaragüenses, principalmente de los opositores que exigían un cambio de gobierno sin violencia.
Los nicaragüenses exiliados, opositores y la sociedad civil han responsabilizado a la pareja presidencial compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo por la muerte de Hugo Torres. El régimen, a través del Ministerio Público, afirmó que en todo momento respetó los derechos del opositor, pero no da detalles de las causas del deceso, mucho menos dónde estuvo hospitalizado. El comunicado fue interpretado como un intento de «lavarse las manos».
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó la muerte del diplomático destacando al mismo tiempo la gravedad» de la situación de las personas defensoras, líderes de opinión y opositoras al Gobierno de Ortega, «quienes son detenidas arbitrariamente, investigadas y juzgadas sin las debidas garantías, con el fin de consolidar un régimen antidemocrático.
Además, exhortó al régimen de Nicaragua cumplir sus obligaciones internacionales, «en particular respecto de quienes están bajo su custodia y liberar a las personas en el marco de la crisis iniciada en el 2018, a las consideradas opositoras y a las defensoras y defensores».
