La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las «graves afectaciones al debido proceso y al derecho a la defensa en los procesos judiciales» contra las personas presas políticas en Nicaragua.
El organismo continental también urgió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a «liberar inmediatamente» a todos los opositores detenidos en el contexto de la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde 2018.
«En Nicaragua, esta manipulación del derecho penal y la criminalización de las personas identificadas como opositoras al gobierno responde a la falta de independencia judicial y separación de poderes de un Ministerio Público y un Poder Judicial sometido a la voluntad del gobierno», señaló la CIDH.
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La dictadura ha encontrado culpables por el delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional a 15 líderes opositores, dos de ellos aspirantes a la Presidencia de Nicaragua: el campesino Medardo Mairena y el periodista Miguel Mora.
«Violencia sexual» contra abogadas y familiares de los reos
La CIDH asegura que en algunos de los juicios los abogados y abogadas han sido objeto de «cateos y revisiones desproporcionadas que derivaron en tocamientos indebidos a mujeres abogadas y familiares». El organismo condenó los hechos y los calificó como «violencia sexual» que afecta la «dignidad e integridad personal y se utilizan para intimidar y humillar».
«En algunos de los juicios, se niega el ingreso de familiares; mientras que las personas acusadas son presentadas en el juicio sin previo aviso. Por su parte, representantes legales han denunciado hostigamiento, acoso policial, despojo de pertenencias necesarias para participar en las audiencias», señala.
Los primeros condenados fueron los activistas Yader Parajón y Yaser Muammar Vado; siguieron la dirigente opositora Ana Margarita Vigil; la exguerrillera Dora María Téllez; el líder estudiantil Lesther Alemán; la exprimera dama María Fernanda Flores de Alemán y la presidenta de Unamos, Suyen Barahona.
La lista la completan el politólogo José Antonio Peraza; el cronista deportivo Miguel Mendoza; el excanciller Francisco Aguirre Sacasa; los líderes campesinos Pedro Mena y Freddy Navas y el contador Alexis Peralta.
«Manipulación de pruebas»
El organismo aduce que recibió información sobre la «manipulación de pruebas» para inculpar a las personas presas políticas y que las acusaciones están basadas en «testimonios de funcionarios públicos» como detectives, investigadores y peritos de la Policía del régimen. También denunció el uso de publicaciones de redes sociales como pruebas.
«Los representantes legales han denunciado la obstaculización para acceder a los expedientes previo al juicio, tener contacto con las personas acusadas y la negativa de la autoridad judicial para dar trámite a peticiones y recursos», menciona.
«Resulta especialmente preocupante que continúen estos procesos, mediante la aplicación de leyes -como la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley 1055- que impiden el ejercicio de libertades públicas contrario a los estándares interamericanos y la consecuente imposición de penas desproporcionadas», agrega.
