Las autoridades orteguistas programaron el juicio contra el presidente ejecutivo del Grupo Promérica y Banco de la Producción (Banpro), Luis Rivas Anduray, para el próximo lunes, 14 de febrero. Rivas se encuentra encarcelado desde el 15 de julio en las celdas de la Dirección De Auxilio Judicial, sitio conocido como «El Nuevo Chipote».
El periodista Carlos Fernando Chamorro afirmó en su cuenta de Twitter que el proceso judicial para el empresario se llevará a cabo este 14 de febrero. A su vez demanda «libertad para Luis Rivas y todos los presos políticos: los juicios de “El Chipote” son nulos», denunció.
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Rivas es acusado de supuestamente violar la controversial Ley 1055 conocida como Ley de Soberanía, en específico, los artículos 410 y 412 del Código Penal de Nicaragua. La Fiscalía orteguista lo señala por los supuestos delitos de portación o tenencia ilegal de arma de fuego; fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas, sustancias o artefactos explosivos; y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Rivas es miembro de la junta directiva del Banpro, y es a la vez su CEO regional, dado que esa entidad financiera tiene presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Ecuador, República Dominicana e Islas Caimán. El empresario fue detenido el 15 de junio de 2021, luego de presentarse a la Fiscalía para ser «entrevistado».
Este 14 de febrero también se realizará el juicio contra la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) María del Socorro Oviedo, quien cuenta con medidas cautelares por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La defensora es procesada por su labor como defensora y activista de derechos humanos, aseguran organismos internacionales.
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La abogada, al igual que la mayoría de los presos políticos que hasta el momento permanecen en las celdas de El Chipote, está siendo acusada de menoscabo a la integridad nacional. Las organizaciones internacionales han denunciado que su detención se trata de «represalia por acompañar y defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a las que ahora ella misma se ve sometida».
La Fiscalía, desde el primero de febrero, ha declarado culpables a 18 reos de conciencia por supuestamente «conspirar contra el Estado de Nicaragua»; también ha condenado a siete presos políticos entre 8 y 15 años de cárcel, además de solicitar en algunos casos la inhabilitación para ejercer cargos políticos.