La doctora Vilma Núñez de Escorcia considera que la actuación de los jueces del Poder Judicial «rebasa» la interpretación literal de las leyes 1042 y 1055, Ley de Soberanía y Ley Especial de Ciberdelitos, respectivamente. Ambas normativas son las que aplican contra los presos políticos electorales.
Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), asegura que los judiciales están haciendo «lo que quieren y lo que se les ocurre» y que «ellos (los jueces) son delincuentes, se están convirtiendo en delincuentes».
Noticia relacionada: Los «verdugos» de los presos políticos de «El Nuevo Chipote»
«Están cometiendo prevaricato, pero también cometen una serie de delitos como abuso de autoridad y están violentando todos los tipos penales que están tipificados como delitos que atentan contra la administración de justicia. Están cometiendo crímenes de lesa humanidad», explicó Núñez en el programa En Contacto con Álvaro Navarro, director de Artículo 66.
Núñez manifestó que todo lo que han actuado en los juicios contra los presos políticos no tiene antecedentes en la historia del país. «Aquí hay un afán de destrucción perversa y decidida en contra de toda persona (opositora) para que desaparezca del mapa», enfatizó.
«El Poder Judicial ha perdido el decoro, la independencia de encargado de garantizar los derechos humanos de las personas que están sometidas a su competencia. La imagen que da el Poder Judicial es de sometimiento a la “guardia” a la Policía», criticó Núñez.
La defensora de derechos humanos informó que hay varias personas que fueron capturadas en municipios del norte del país y sus familiares, por temor a represalias, no habían denunciado su captura. Estas detenciones se registraron en la víspera de las votaciones del seis de noviembre.
La dictadura ha encontrado culpables por el delito de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional a 17 líderes opositores, dos de ellos aspirantes a la Presidencia de Nicaragua: el campesino Medardo Mairena y el periodista Miguel Mora.
La CIDH señaló hoy, 11 de febrero, que recibió información sobre la «manipulación de pruebas» para inculpar a las personas presas políticas y que las acusaciones están basadas en «testimonios de funcionarios públicos» como detectives, investigadores y peritos de la Policía del régimen. También denunció el uso de publicaciones de redes sociales como pruebas.
