La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) lamentó que el régimen de Daniel de Ortega persista con los juicios contra 13 presas políticas y defensoras de derechos humanos en Nicaragua. Según la organización, el objetivo del Ejecutivo es «criminalizar» la labor como activistas de las opositoras.
A través de su cuenta de Twitter, IM-Defensoras reiteró que Ortega «no cesa en su empeño de condenar y seguir criminalizando a las 13 defensoras encarceladas por defender derechos y participar activamente en la construcción de un país más libre, justo e igualitario».
El Ministerio Público, controlado por la dictadura, el primero de febrero reanudó los procesos judiciales e inició los juicios contra las personas presas políticas en el Complejo Policial Evaristo Vázquez, mejor conocido como «El Nuevo Chipote».
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La entidad mesoamericana catalogó de «irregulares» los juicios políticos contra las presas políticas Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona y Dora María Téllez, quienes fueron juzgadas por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», bajo la Ley 1055, Ley de Soberanía; normativa que utiliza el régimen de Nicaragua para tildar de «traidores de la patria» a los opositores.
La audiencia de las tres reas de conciencia se celebró en «El Nuevo Chipote», donde permanecen encarceladas desde el 13 de junio de 2021. La IM-Defensoras resaltó que estos juicios son «una farsa» y que deben realizarse «en un juzgado como la ley lo establece».
Las defensoras enfatizaron que el Poder Judicial, la Fiscalía, la Defensoría Pública y la Policía Nacional de Nicaragua, con la recopilación «de pruebas que no constituyen ningún delito, buscan criminalizar la libertad de expresión, la participación política y la defensa de los derechos humanos».
Juicios «irregulares e ilegales»
El organismo calificó las audiencias de «irregulares e ilegales» contra las tres opositoras y miembros de Unión Democrática Renovadora (Unamos). Demandan la anulación total de todos los procesos y la liberación inmediata de todas las personas presas políticas de Ortega.
A la presa política y abogada, Ana Margarita Vijil, el siete de febrero, la justicia de Ortega le dictó sentencia a 10 años de cárcel, por «delitos que no ha cometido», señalaron IM-Defensoras.
Vijil, «activista feminista y defensora de derechos humanos criminalizada por luchar por una Nicaragua más justa e igualitaria. Repudiamos esta condena injusta e ilegal», reiteraron.
Asimismo, rechazan el fallo de culpabilidad contra la presidenta de Unamos, Suyen Barahona y la exguerrillera sandinista, Dora María Téllez por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional». La Fiscalía solicita para ambas rehenes de la dictadura 15 años de cárcel, sumado a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.