Estudiantes de universidades ilegalizadas podrán seguir estudiando pero bajo control de la dictadura

El Consejo Nacional de Universidades (CNI), órgano rector de la educación superior nicaragüense, informó este miércoles que garantizará la continuidad académica a los estudiantes de las cinco universidades a las que la Asamblea Legislativa, a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega, les retiró su licencia de operación.

Las universidades que estaban registradas como organismos no gubernamentales y fueron ilegalizadas este miércoles por el Parlamento son la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), y Universidad Paulo Freire (UPF).

En una declaración, el CNU indicó que «debido a la situación» que presentan esas cinco universidades, a partir de hoy «garantizará la continuidad académica y responsabilidades educativas pendientes de solución de lo que fueron estas instituciones de educación superior».

Según el CNU, que dirige la rectora de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua), Ramona Rodríguez, a esas universidades se les canceló sus respectivas personalidades jurídicas «por el incumplimiento de sus obligaciones y la continua trasgresión a los normas legales establecidas», lo que es negado por algunas de esas casas de estudios, como la UPF.

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Entre las universidades que fueron canceladas se encuentra la Upoli, que fue tomada durante casi dos meses por estudiantes que se manifestaron contra el Gobierno del presidente Ortega en el marco de una revuelta popular que estalló en abril de 2018.

La solicitud de cierre de la Upoli y las otras cuatro universidades fue hecha por el Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobernación, y aprobada de forma expedita por el Parlamento, controlada por los sandinistas y sus aliados.

Además, les cancelaron la personalidad jurídica a 11 ONG. El cierre fue aplicado porque supuestamente las instituciones afectadas «han incumplido con la entrega de los informes financieros al Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro» del Ministerio de Gobernación, o porque su «Junta Directiva se encuentra acéfala», según la exposición de motivos del decreto.

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Con esto, se elevaron a 80 las entidades locales ilegalizadas, a petición del Ejecutivo de Ortega, desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, que dejó 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros de tres ONG estadounidenses y tres europeas.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.