A las ocho de la mañana del martes, primero de febrero, se efectuó el primer juicio contra los primeros presos políticos cautivos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote» en Managua.
En un juicio maratónico de 12 horas, los opositores Yader Parajón y Yaser Muammar Vado González fueron declarados culpables por la jueza titular Ulisa Yahosca Tapia Silva, por el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», amparado en la polémica Ley 1055 o Ley de Soberanía y por propagar «noticias falsas».
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Parajón fue encontrado culpable por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, mientras que a Vado, la justicia orteguista lo inculpó también del delito de propagación de noticias falsas.
Por su parte, la Fiscalía sandinista pidió la pena máxima para ambos presos políticos. En el caso de Vado, se está exigiendo una pena de 15 años de prisión y para Parajón 10 años. La lectura de sentencia será el 4 de febrero en «El Chipote». La defensa adelantó que apelará.
Juicio plagado de anomalías
El fallo de culpabilidad, Silva lo basó en las declaraciones de siete policías al servicio del régimen de Daniel Ortega —cuatro testificaron en contra de Yader Parajón y cinco en con contra de Yaser Vado—, algunos repitentes en los casos, los que en todo momento afirmaron que los rehenes del régimen habían atentado contra la sociedad nicaragüense.
Los agentes policiales sostuvieron sus «investigaciones» partiendo de la información que recibieron de la jefa del sector donde habitan los acusados. Señalaron que los rehenes del régimen se estaban reuniendo para cometer delitos conspiración.
«Desde el inicio de la audiencia preliminar e inicial se violaron todas las garantías constitucionales y procesales y en el juicio maratónico se siguió el mismo patrón, a pesar que ambos defensores de los imputados le hicieron ver a la judicial nulidades, sin embargo no dio ha lugar a ninguna», dijo a Artículo 66 una fuente cercana a la familia.
A la jueza Tapia Silva, la defensa le hizo ver su incompetencia por hacer un juicio técnico en base al derecho que tienen los acusado de un juicio y un jurado que es de su elección establecido en el Código Procesal Penal, argumentó que tampoco tomó en cuenta y decidió abrir el juicio.
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Otra fuente reveló a este medio de comunicación que los testimonios de los policías fueron contradictorios, totalmente dirigidos y falsos. Una oficial declaró que las publicaciones de Yaser Muammar Vado «afectaban» a su partido, en referencia al partido gobernante Frente Sandinista.
«Cuando la defensa preguntó que cuál era el partido de la agente policial, el Ministerio publicó objetó y la juez admitió la objeción y la oficial no declaró cual era su partido, solo volvió a repetir que el Muammar ofendía a su partido con las publicaciones.
«Los supuestos procesales no fueron probados, los acusados no tenían los medios ni las formas para cometer menoscabo. El territorio nacional no es un ciudadano nicaragüense. No se pudo probar en qué consintió el menoscabo cometido por los jóvenes, porque emitir una publicación no es una noticia, simplemente son ciudadanos que tienen su derecho a expresarse, según lo establece el artículo 30 de la Constitución», explicó una fuente en condición de anonimato.
Violación a los derechos de los abogados
Fuentes cercanas a los familiares de Vado y Parajón denunciaron que las autoridades policiales de El Chipote se «propasaron» al momento del ingreso de los abogados defensores al centro de tortura, a como se le denomina a El Chipote.
De acuerdo con el relato, los oficiales metieron a los abogados a un cuarto, les revisaron sus lapiceros, las pulseras, los anillos que portaban, los lentes, les impidieron entrar con celulares. Además, les exigieron bajarse los pantalones y palparon sus cuerpos, lo cual es considerado un abuso policial.
A la hora del almuerzo, no permitieron a los defensores salir del recinto, les pusieron un toldo para que pudieran comer.
«La verdad que fue excesivo la revisión para los abogados, los custodiaron en todo momento, habían muchos policías en el salón, aproximadamente unos 15 custodiando», reveló la fuente.
A las 7:10 de la noche del martes, culminó el juicio. Luego de la audiencia la juez dio la palabra a los rehenes de conciencia, los cuales prefirieron abstenerse para evitar que la justicia de régimen pudiera utilizar cualquier argumento en su contra, aunque los jóvenes, expresaron a sus abogados, que son inocentes de todo lo que se les acusa.
Opositores, víctimas de represión
El reo político Yader Parajón es hermano de Jimmy Parajón —el joven asesinado de un disparo en el pecho el 11 de mayo de 2018 mientras protestaba en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli)—. Fue detenido el pasado cuatro de septiembre de 2021 en la frontera de El Guasaule, Honduras.
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Mientras Vado fue secuestrado el seis de noviembre del año pasado, previo a las elecciones sin competencia donde el dictador Ortega consumó su cuarto mandato consecutivo. Vado es miembro de la Unión Demócrata Renovadora (Unamos), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), mientras que Parajón es parte de la Asociación Madres de Abril (AMA).
Cenidh condena acción represiva
El Centro Nicaragüense de Drechos Humanos (Cenidh) denunció la acción del régimen de Ortega, quien en una sola audiencia encontró culpables a los dos presos polítcos.
«El Cenidh condena, rechaza y denuncia ante organismo internacionales, (CIDH) Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la (OACNUDH) Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas la profundización de la represión», escribió el organismo en su cuenta de Twitter.
El Cenidh agregó que con este acto de culpabilidad quedó en evidencia que el Poder Judicial se comporta como «el instrumento más cruel y cobarde de la represión, actúan con premeditación y apartándose de los preceptos legales que los rigen».
Más temprano, la Alianza Cívica por a Justicia y la Democracia (ACJD) calificó de «ilegales y arbitrarios» los procesos judiciales iniciados este primero de febrero contra los presos políticos.
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«Los procesos penales contra los presos políticos están plagados de ilegalidades desde el mismo momento de las detenciones, las cuales se ejecutaron sin informar la causa o razones de detención e incluso; sin orden o mandamiento judicial como lo exige la Constitución en el artículo 33 numeral 2.1», indicó la organización opositora.
Para este miércoles siguen los juicios políticos, desde las ocho de la mañana inició la audiencia en contra de la opositora y presa política Ana Margarita Vijil, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Un fuente dijo Artículo 66 que «los jueces tienen la orden de declarar culpables a todos los presos políticos, si no lo hacen, pasan a la historia».