La opositora Alianza Cívica por a Justicia y la Democracia (ACJD) calificó de ilegales y arbitrarios los procesos judiciales que inician a partir de este primero de febrero contra los presos políticos que fueron encarcelados en el contexto electoral de 2021; la mayoría cautivos en la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, conocida como «El Nuevo Chipote».
Según el comunicado 001-2022 del Ministerio Público de Nicaragua, los actuales rehenes del régimen Ortega y Murillo serán procesados por «cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer delitos de lavado de dinero, bienes y activos».
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La ACJD afirma que «los procesos penales contra los presos políticos están plagados de ilegalidades desde el mismo momento de las detenciones, las cuales se ejecutaron sin informar la causa o razones de detención e incluso; sin orden o mandamiento judicial como lo exige la Constitución en el artículo 33 numeral 2.1».
«La reactivación de estos procesos se realizan tres meses después de haber sido suspendidos arbitrariamente con la finalidad de prolongar la prisión preventiva y arresto domiciliar como una forma de anticipación de pena ilegal», fustigó el bloque opositor.
Además, recordaron que los rehenes de conciencia estuvieron desaparecidos e incomunicados durante más de 80 días «y sometidos a audiencias secretas y acusaciones basadas en leyes inconstitucionales (Ley N ° 1055 y Ley N °1060) y con graves inconsistencias técnicas, tanto en la calificación de los hechos como en la imputación de responsabilidades y en flagrante violación de todas las garantías de un debido proceso establecido en nuestra Constitución Política».
Demandan libertad inmediata
Ante estas acciones por parte de la justicia en Nicaragua, sumisa a las órdenes del régimen orteguista, la Alianza Cívica exigió la anulación de los cargos y la libertad inmediata y sin condiciones de los presos políticos.
Entre los argumentos que refieren la organización política para que se deje en libertad a los secuestrados políticos es que «no han cometido ningún delito, son inocentes, los procesos judiciales están basados en cargos infundados, con ausencia y obstáculos para acceder a una defensa legal oportuna y técnica adecuada».
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Aseveran también que los opositores son sometidos a prisión preventiva en vulneración a los estándares de derechos humanos, existiendo así falta de efectividad del recurso de exhibición personal.
La organización recuerda que «El Chipote» no hay acceso a la comunicación e información entre las personas detenidas y sus familiares en contravención de la legislación nacional e internacional en la material.
La Alianza Cívica recordó que los acuerdos del 27 y del 29 de marzo del año 2019, suscritos con la delegación del régimen de Daniel Ortega, referentes a la liberación de presos políticos, y el fortalecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, el régimen sigue sin cumplirlos. «Es urgente que se muestren de inmediato acciones en favor del restablecimiento democrático que demandamos los nicaragüenses», remarcó.
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Según información facilitada por familiares de presos políticos, algunas de las audiencias de juicio contra de algunos los opositores cautivos en «El Nuevo Chipote» están programadas del primero al 28 de febrero.
Hasta el momento, el régimen de Nicaragua tiene a más de 170 presos políticos encerrados en los diferentes penales del país. En la Dirección de Auxilio Judicial hay cerca de 40, incluyendo siete aspirantes presidenciales, periodistas, disidentes sandinistas y analistas políticos.
