Los juicios políticos contra los opositores que se encuentran encarcelados en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, mejor conocido como «El Nuevo Chipote», aparte de que los tuvieron «congelados» por tres meses son considerados procesos anómalos por parte de los defensores de los rehenes de Daniel Ortega. El Ministerio Público programó el inicio de los juicios políticos contra los líderes de la oposición a partir del primero de febrero.
El abogado Pablo Cuevas manifestó al equipo de Artículo 66 que a los reos de conciencia se les ha violado una cantidad «extraordinaria» de derechos y señaló que la reactivación de los procesos se debe a una «conveniencia política del régimen».
Para Cuevas es evidente que la negociación de una salida de los presos políticos «gira en torno a la conveniencia política de quien los tiene cautivos» y enfatizó que «el encarcelamiento de los presos políticos tienen una motivación política y es evidente que tiene un objetivo político. En este sentido, todo lo que acontezca alrededor de eso es por la misma orientación política, no están siendo juzgados o indiciados por situaciones comunes y, por lo tanto, como finalice esto o como prosigan todos los procedimientos tienen un objetivo político».
¿Qué esperar de los juicios políticos?
El defensor de derechos humanos sostiene que la reanudación de los procesos judiciales contra los opositores no serán apegados al derecho debido a lo viciado que está el sistema. «Es iluso pensar que se respetarán los derechos de los ciudadanos», remarcó.
«Va a acontecer lo que les convenga a sus captores. Si a los captores les conviene o no tengan más opciones que dejarlos en libertad, entonces lo van a hacer. Si a sus captores les conviene que no tienen más opciones que mantenerlos en prisión, entonces van a hacer eso», indicó.
Derechos violentados por las autoridades judiciales súbditas al régimen de Nicaragua
El abogado explicó que entre las violaciones a los derechos humanos que padecido las personas presas políticas están que no hubo una orden judicial para detenerlos, las contadas visitas familiares y las condiciones infrahumanas carcelarias.
Pablo Cuevas señaló que «ha habido una serie de vulneración al debido proceso y a los derechos humanos de estos ciudadanos (presos políticos), estamos hablando desde los procesos para las detenciones, no se siguieron procedimientos constitucionales, y demás cuerpos normativos penales, y de materia de derechos humanos».
De acuerdo con el defensor, existen dos tipos de procedimientos legales para detener a un ciudadano, el primero es que te pueden arrestar sin una orden judicial cuando hay flagrancia, es decir, cuando estás cometiendo un delito y el segundo, es con una orden emitida por un juez. Cuevas aseguró que en casi la totalidad de los casos de los opositores encarcelados en «El Nuevo Chipote», no se presentó una orden legalmente.
De igual forma, el Ministerio Público ha restringido que el proceso judicial de los opositores se efectué con celeridad. El jurista argumentó que según la Constitución Política de Nicaragua los ciudadanos tienen derecho a que se le juzgue o se le haga justicia con celeridad, significa en el menor tiempo posible y «eso no ha pasado», afirmó.
El artículo 135 del Código Procesal Penal (CPP) se refiere a la tramitación compleja, en donde la Fiscalía solicita al juez con un argumento válido y en donde explica la importancia de duplicar los plazos del proceso.
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«El juez no puede acceder simplemente por que la Fiscalía lo solicitó, y es lo que ha estado pasando (con los presos políticos), sin un argumento contundente piden la tramitación compleja y fácilmente el juez accede a esta tramitación», aseguró Cuevas.
«En noviembre (2021) los jueces comenzaron a decir que los procesos iban a seguir hasta en enero de este año, por motivos de fuerza mayor. Un juez puede decretar fuerza mayor, cuando realmente esta sustentada la fuerza mayor. Por ejemplo, conocí el caso de un juez que alegaba demasiada carga laboral, y eso no es una fuerza mayor, es un negligencia administrativa, y están vulnerándole los derechos al ciudadano, dado que no le están administrando justicia con celeridad», insistió.
El defensor denunció que el régimen niegue el derecho a los rehenes de ver a sus hijos. «Nada de eso aquí, aquí le dan visita familiar cuando quieren, después de 30, 40 día o de meses, no le han permitido a padres y madres ver a sus hijos, entonces están provocando con eso la segregación familiar», remarcó.
También, están violando el artículo número cuatro del CPP, que habla del derecho a la defensa. A los presos políticos no se les ha permitido visita con sus abogados, entrevistarse con ellos de una manera ágil y se les niega a los defensores copias de los expedientes.
«Los procesos judiciales son orales y públicos, y eso con el ánimo y el espíritu de transparencia. En Nicaragua con los prisiones de Ortega, no son nada públicos los procesos, al abogado se le restringe a más no poder entrevistarse con su defendido y eso obstruye el que haya una defensa efectiva», detalló Cuevas.
