Donald Margarito Alvarenga Mendoza, originario Chichigalpa, es el primer nicaragüense condenado a 12 años de prisión por la justicia de Daniel Ortega por los supuestos delitos de subversión, desobediencia y rebeldía a nivel de conspiración para afectar la integridad nacional.
Las imputaciones las justificaron en la Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, Ley 1055.
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En 1978, el opositor de 56 años, se unió a la filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), bandera que representa al régimen de Ortega cuando apenas tenía 15 años. Según información facilitada al medio de comunicación Confidencial, Alvarenga decidió unirse «a la lucha revolucionaria» luego del asesinato de un primo a manos de la guardia somocista.
Donald Enrique Alvarenga, hijo del preso político, informó que su padre fue jefe de oficial y cuadro del Ministerio del Interior, pero dejó la carrera policial para dedicarse a estudiar Ingeniería Agrónoma, «pero nunca abandonó sus ideales sandinistas, pero hubo muchas cosas que no le gustaron dentro del Frente Sandinista».
Tras la discrepancia en contra del FSLN de Daniel Ortega debido a las políticas represivas, Alvarenga Mendoza pasó a las filas del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) ahora Unamos. «Mi papá me decía que lo que está pasando con el Frente Sandinista que no es el pensamiento que tenía Sandino», señaló su hijo a Confidencial.
Juicio maratónico
Luego de más de 40 años, el partido —Frente Sandinista— que defendió por sus ideales revolucionarios lo asedió, persiguió y encarceló el seis de noviembre de 2021, en vísperas de la «farsa» electoral en Nicaragua.
El 13 de enero se efectuó el juicio maratónico en su contra, en los juzgados de Chinandega, el cual terminó a mediados de las 12 de la noche, donde se le declaró culpable por «ciberdelitos».
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La audiencia de juicio fue presidida por la jueza Rosa Velia Baca Cardoza, judicial del distrito penal de audiencia de Chinandega, quien el 18 de enero y basándose en los testimonios de siete oficiales de la Policía que fungieron como testigos, lo condenó a siete años de prisión, pero un día después lo elevó la pena a 12.
Además de los testimonios de los policías orteguistas, las otras pruebas contra del exjefe policial fueron unas publicaciones en su red social de Facebook, unos mensajes en un grupo de WhatsApp.
Baca argumentó que el fallo en contra del opositor fue porque las publicaciones en redes sociales de Donald Margarito incitaban a la violencia y que además fomentaba reuniones con el propósito de crear zozobra inestabilidad y desaparición en la población de Chichigalpa.
Los testigos fueron los sietes mismos policías que lo vigilaban y lo secuestraron. La audiencia duró 13 horas, presidida por la jueza Rosa Velia Baca Cardoza, y cinco días después emitió una condena de culpabilidad, con pena de siete años y medio de cárcel , pero un día después la judicial aumentó la condena a 12 años de cárcel.
Pese a los alegatos por parte del defensor Norwin Cruz, quien como defensa de Alvarenga cuestionó las afirmaciones de los policías testigos en su contra, la judicial lo declaró culpable.
Padre de Miss Mundo 2021, el segundo condenado por «ciberdelito»
Douglas Alfredo Cerros Lanzas, de 53 años, originario de Ocotal, Nueva Segovia, fue el segundo ciudadano en ser culpado bajo las controversiales Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, Ley 1055.
Su hija Mariela Alexandra Cerros Espinoza, Miss Mundo Nicaragua 2021, expresó a través de su perfil de Facebook que el resultado del juicio «fue totalmente injusto», y deseó que «Dios tenga misericordia de las personas que se han prestado a tanto, dejando a un lado la conciencia, valores y verdadera justicia». Su familia señala que el reo ni siquiera es activista, solo opina diferente.
En el juicio testificaron seis policías, entre ellos, la oficial Vilma Suyapa Ruiz Amayo, el suboficial Francisco Antonio Gutiérrez Valverde, un oficial protegido «Código 3»; y contó con la participación del fiscal Luis Alberto Mena Gámez, quien objetó en reiteradas ocasiones cada vez que el abogado defensor Frank Flores intentaba interrogar a los testigos.
Artículo 66 intentó conocer más sobre estos casos, sin embargo hasta el cierre de esta nota no se logró establecer contacto. La justicia de Nicaragua mantiene presos a más de 170 presos políticos, según organismos de derechos humanos.
