El régimen de Daniel Ortega ha declarado culpable a dos personas por el delito de «propagación de noticias falsas». Douglas Alfredo Cerros Lanzas, de 53 años, originario de Ocotal, Nueva Segovia, fue el segundo ciudadano en ser culpado bajo las controversiales Ley Especial de Ciberdelitos y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, Ley 1055.
Su hija Mariela Alexandra Cerros Espinoza, Miss Mundo Nicaragua 2021, expresó a través de su perfil de Facebook que el resultado del juicio «fue totalmente injusto», y deseó que «Dios tenga misericordia de las personas que se han prestado a tanto, dejando a un lado la conciencia, valores y verdadera justicia». Su familia señala que el reo ni siquiera es activista, solo opina diferente.
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Cerros fue declarado culpable el jueves, 27 de enero, por la jueza Verónica Fiallos Moncada, titular del Juzgado Distrito Penal de Juicio de la ciudad de Ocotal, en un juicio que se extendió por casi once horas y que contó con acusaciones de oficiales de la Policía Nacional, según el medio digital Despacho 505.
Y ahora se enfrenta a una posible condena de 4 años de cárcel por supuesta propagación de noticias falsas y 8 años de prisión por supuesto menoscabo a la integridad nacional.
La denuncia en contra de Cerros Lanzas fue presentada por el jefe de Auxilio Judicial de la Policía de Nueva Segovia, subcomisionado Byron Mauricio Maradiaga Rubio, quien fue el primer testigo en ser ser llamado por la Fiscalía y declaró ante la jueza que «le contaron» que el señalado promovía el no voto en las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021.
«Se recibió información donde el ciudadano andaba realizando menoscabo a la integridad nacional, diciendo que no votara y otras actividades», manifestó el operador del régimen.
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Además, lo señalaron de apoyar a personas que participaron en las protestas sociales de 2018, en los «tranques», de comprar spray en colores azul y blanco con la intención de dárselos a opositores en el 2019, de llamar a no vacunarse, y de expresarse en contra del Gobierno y pedir sanciones a través de las aplicaciones de mensajería, Facebook y otros medios.
En el juicio testificaron seis policías, entre ellos, la oficial Vilma Suyapa Ruiz Amayo, el suboficial Francisco Antonio Gutiérrez Valverde, un oficial protegido «Código 3»; y contó con la participación del fiscal Luis Alberto Mena Gámez, quien objetó en reiteradas ocasiones cada vez que el abogado defensor Frank Flores intentaba interrogar a los testigos.

Durante la audiencia, Cerros Lanzas sostuvo que es inocente y hasta suplicó a la autoridad que recapacitara y dictara un veredicto de no culpabilidad. Señaló que, incluso, los mensajes que recibía en su WhatsApp eran enlaces de noticias que enviaban hasta sandinistas.
«Está condenando a un inocente (…) Tengo una madre que tiene 94 años, a mi esposa le está haciendo un daño, estamos dañando a mi familia y a todos. Nunca he hablado mal, le sugieron que recapacite, lo que están haciendo conmigo es injusto», habría declarado.
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El ocotaleño fue detenido el 6 de noviembre de 2021 en su ciudad. Al no ser acusado en el plazo de 48 horas, la familia presentó un recurso de exhibición personal en la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Estelí, la que fue admitida, y declaró la libertad para el ciudadano el 25 de noviembre. Pero, no fue cumplida.

Cerros es el segundo ciudadano en ser declarado culpable bajo la Ley de Ciberdelitos, conocida como «Ley Mordaza», y «Ley de Soberanía». Donald Margarito Alvarenga Mendoza, de 56 años, recibió el mismo veredicto el 13 de enero y condenado a 12 años de prisión por la jueza Rosa Velia Baca Cardoza, del Juzgado Primero Distrito Penal de Juicio de Chinandega.
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En el juicio contra Alvarenga Mendoza también se prestaron siete oficiales de la Policía en calidad de testigos, incluyendo al comisionado Ramón César Quintana, jefe de la Policía de Chichigalpa, refieren los medios.
La Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por el régimen en octubre de 2020, ha sido ampliamente rechazada en el ámbito nacional e internacional, y contra la cual se han introducido varios recursos por inconstitucionalidad por pretender criminalizar la difusión de información que, a criterio del régimen, pueda ser considerada «falsa».