El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) resolvió por unanimidad considerar el diálogo como el único instrumento para que los nicaragüenses encuentren el camino hacia la «reunificación de la familia».
La decisión fue tomada durante la sesión del Consejo Directivo reunido en pleno el miércoles, 26 de enero, señala el comunicado de la organización. Los grandes empresarios respaldaron la propuesta de un grupo de familiares de presos políticos que solicitaron al régimen, a las fuerzas vivas de la nación y a la Iglesia encabezar y apoyar un «proceso de unificación ciudadana, dispuesto a construir puentes para comenzar a desarmar la desconfianza mutua».
Los empresarios declararon que se comprometen «de manera franca» a buscar soluciones viables, prontas y «sin precondiciones». En el encuentro, se conoció que el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), César Zamora, habría informado a la directiva de la gremial que están listos para negociar con el régimen de Daniel Ortega para lograr la liberación de José Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas, porque, según él, «los diálogos sí han funcionado» para liberar «presos».
Según el medio digital Divergentes, Zamora insistió que un diálogo o encuentro entre las partes es necesario, debido a que tres socios, a quienes les llamó «amigos», se encuentran «desesperados» en la cárcel. Zamora informó a los demás empresarios que los imputados fueron liberados de la acusación de lavado de dinero y «únicamente quedan acusados de menoscabo a la integridad nacional».
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Además, reveló que tienen el respaldo de la Cámara de Comercio de Nicaragua, la Unión de Productores Agropecuarios (Upanic), el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), la Iglesia, familiares de los presos y el visto bueno del ilegalizado partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Sin embargo, Kitty Monterrey, presidenta de esa organización política, desmintió a través de un tuit, haber sostenido conversaciones con el Cosep.
El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, afirmó que el Gobierno del presidente Joe Biden estaría dispuesto a negociar con la dictadura de Daniel Ortega para buscar una salida democrática a la actual crisis sociopolítica que vive el país.
Foto: Internet.
«No hemos visto ningún tipo de indicación de que el régimen esté interesado en algún tipo de negociación (…) Si llegáramos a verla, sería algo bueno y lo apoyaremos», contestó Price en rueda de prensa, desde Washington, al ser preguntado por La Voz de América sobre si EE. UU. apoyaría una negociación similar a los recientes intentos entre el gobierno venezolano y la oposición.
El funcionario agregó que EE. UU. «está buscando ver la restauración, por medio de vías pacíficas, de una democracia genuina en Nicaragua».
La dictadura Ortega- Murillo comenzará el juicio contra el líder estudiantil Lesther Alemán Alfaro, de 24 años, a quien acusa de supuesta «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense».
Una fuente bajo anonimato informó al equipo de Artículo 66 que el juicio oral se realizará el día jueves, tres de febrero, arbitrariamente a puertas cerradas, en las instalaciones de «El Nuevo Chipote».
Ortega ordena reactivar juicio contra el joven opositor Lesther Alemán. Foto: Cortesía
El joven, quien en el 2018 increpó a Daniel Ortega, será procesado por el Juzgado Segundo Distrito Penal de Juicio de Managua, cuya titular es la jueza Nadia Camila Tardencilla, encargada de llevar otros juicios políticos.
Alemán, dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), fue arrestado el cinco de julio de 2021; en ese entonces, la vocera del régimen, Rosario Murillo, confirmó su rencor hacia el joven, señalando que «nunca iban a olvidar esas manos levantadas» de quienes se creían «emperadores» en el contexto de las protestas sociales.
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La presa política María Esperanza Sánchez, de 52 años, cumplió el 26 de enero dos años de estar encarcelada en el penal de mujeres «La Esperanza». Sherly Sánchez, hija de la rehén, lamenta el cautiverio que padece su madre y señala que la opositora «aún recuerda con sufrimiento y lágrimas, el día que fue apresada, y todas las torturas, tanto físicas como psicológicas, que ha vivido» desde ese momento.
La hija afirma que «solo Dios les ha regalado fortaleza, y valentía a su mamá para poder sobrellevar ese calvario». Sánchez cuenta con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que ha sido ignorado por el régimen que la condenó a 10 años de prisión por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes.
María Esperanza Sánchez cumple dos años encarcelada
La vocera del régimen, Rosario Murillo, alabó la labor de sus medios oficialistas asegurando que «dicen la verdad y reflejan la realidad del país». Durante su monólogo, Murillo señaló que «a cada uno nos sirven los medios de comunicación que les cuentan cómo son las realidades que ni siquiera necesitan escuchar o ver porque lo viven».
La pareja presidencial, perseguidora de medios y periodistas independientes, ha ubicado a sus hijos como directores de televisoras; adquiridos con millones de córdobas transferidos de fondos públicos.
Una mujer con ocho meses de embarazo falleció tras presentar síntomas asociados al COVID-19, en León, en medio del incremento de contagios de la variante ómicron en el país. Familiares de la fallecida, identificada como María Eugenia Méndez, de 40 años, denunciaron una supuesta negligencia médica por parte del personal de la clínica previsional La Fraternidad de ese departamento.
De acuerdo a los parientes, la mujer llegó al centro con una severa dificultad para respirar, donde le realizaron una prueba para detectar el virus que dio como resultado negativo, y fue enviada de regreso a su casa.
Sin embargo, la embarazada empeoró y después de varios esfuerzos de sus familiares para que los médicos le salvaran la vida, la mujer falleció. La constancia de defunción que le entregaron indica que la embarazada murió por «insuficiencia respiratoria aguda y neumonía comunitaria».
