Estados Unidos denuncia que el régimen de Ortega arrebata «el futuro de los jóvenes de Nicaragua»

El gobierno de Estados Unidos denunció que el régimen de Daniel Ortega se ha dedicado al cierre y recorte de fondos como represalia a las universidades privadas del país, al mismo tiempo que ponen en la «lista negra» a los estudiantes activistas que no siguen la doctrina impuesta por la dictadura.

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, asegura que «el régimen de Ortega-Murillo roba el futuro de la juventud nicaragüense» implementando un recorte presupuestario correspondiente al seis por ciento constitucional a «las mejores universidades del país», afirma la administración de Joe Biden.

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Por medio de un tuit, Nichols manifestó que al régimen de Nicaragua «solo le importa el control y poner todo un país al servicio de una familia». Recientemente, la administración orteguista ordenó el cierre de la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), la cancelación de tres asociaciones universitarias y el recorte presupuestario a la Universidad Centroamericana (UCA).

El Consejo Nacional de Universidades (CNU) decidió reducirle drásticamente el presupuesto asignado a la UCA, correspondiente al seis por ciento constitucional con el que se han mantenido becas las estudiantiles, este recorte afectaría a los jóvenes beneficiarios y al personal. Expertos han referido que esto se trata de «revanchismo político» hacia la entidad educativa.

«Este revanchismo político es contra aquellas universidades que no son abyectas o no que no se someten al poder y que no están dispuestas a cambiar el discurso del conocimiento por repetir la consigna», dijo un experto en educación consultado por Artículo 66, quien prefirió omitir su nombre para evitar represalia.

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El catedrático universitario refirió que las decisiones por parte del CNU violan la Ley general de Educación, Ley 582, que establece que el sistema educativo nacional y las atribuciones y obligaciones del Estado son responsabilidades de las personas y la sociedad en su futuro».

La Uhispam sufrió la primera embestida el 13 de diciembre cuando el Ministerio de Gobernación (Migob) ordenó la cancelación de su personalidad jurídica por supuestamente violar la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva; y a la Ley 147, Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro.