La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) condenó este miércoles las nuevas sanciones que Estados Unidos y el Consejo de la Unión Europea impusieron contra varios funcionarios e instituciones nicaragüenses, previo a la juramentación del mandatario Daniel Ortega para su cuarto periodo presidencial, realizada este lunes.
“Los países miembros de la ALBA condenan el reciente anuncio de medidas coercitivas unilaterales y violatorias del Derecho Internacional por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del Gobierno de EE.UU y del Consejo de la UE, en contra de ciudadanos e instituciones nicaragüenses”, dijo el grupo en un comunicado difundido en Twitter.
La UE aprobó este lunes nuevas sanciones contra Laureano y Camila Ortega, hijos presidente del país centroamericano, y otras cinco personas cercanas a su Gobierno, así como contra la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. Los Estados miembros aprobaron las sanciones al considerar que las personas y las entidades afectadas cometieron “serias violaciones contra los derechos humanos” al haber apoyado las elecciones “fraudulentas” del pasado mes de noviembre.
Ese mismo día, EE.UU. informó de nuevas sanciones económicas contra seis cargos del Gobierno de Nicaragua y vetó la entrada en su territorio de 116 personas que considera “cómplices de socavar la democracia” nicaragüense. “El presidente Ortega se va a investir hoy para un nuevo mandato presidencial, pero las elecciones predeterminadas que diseñó el 7 de noviembre no le conceden un nuevo mandato democrático, solo pueden hacerlo unas elecciones libres y justas”, dijo en un comunicado el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.
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Las sanciones estadounidenses afectan a la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona; al general de brigada Bayardo de Jesús Pulido Ortiz, que ocupa el tercer mayor grado en la jerarquía en el sistema castrense del país; y al jefe del Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, entre otros. Al respecto, la ALBA rechazó las medidas y aseguró que se trata de “agresiones” que “violan los principios fundamentales de la carta de las Naciones Unidas”.
Los países miembros del @ALBATCP condenan el reciente anuncio de medidas coercitivas unilaterales y violatorias del Derecho Internacional por parte del Gobierno de los Estados Unidos y del Consejo de la Unión Europea, en contra de ciudadanos e instituciones nicaragüenses. pic.twitter.com/VucEc0kOTW
— Sacha Llorenti (@SachaLlorenti) January 12, 2022
“El recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales y la propaganda calumniosa buscan vulnerar a una población que además enfrenta los efectos de la pandemia del covid-19”, apostilló el organismo, del que forma parte Nicaragua, junto Cuba, Venezuela, Bolivia, Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, y San Cristóbal y Nieves.
La organización hizo un llamado a la comunidad internacional a “denunciar” lo que calificó como “acciones injerencistas” y ratificó su solidaridad y apoyo al Gobierno de Ortega. La UE aplicó las primeras sanciones contra Nicaragua en 2020 y en total afectan a 21 personas – entre ellos la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, y a otro de sus hijos, Juan Carlos Ortega Murillo -, así como a la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos.
En cuanto a EE.UU., el Departamento de Estado ya ha impuesto en los últimos meses restricciones de viaje a decenas de nicaragüenses, pero nunca identifica a aquellos que han perdido su visado estadounidense porque los datos sobre esos documentos son confidenciales, de acuerdo a la ley de ese país.